Por: Hugo Supo
El Alto Comisionado de la Oficina de
Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros,
Vladimiro Huaroc, acaba de ser declarado “persona no grata” por
algunas organizaciones de Cajamarca que consideran sus recientes
declaraciones hechas en La República (13/01/14) como temerarias,
irresponsables y ofensivas.
En la entrevista, el comisionado había
señalado que varias zonas de Cajamarca son un “corredor de droga”,
que existe una “mezcla muy extraña entre rondas y narcotráfico”,
que hay “presencia autoritaria” en las rondas campesinas y se
impone la necesidad de “restablecer el estado de Derecho”.
En la inmediatez, el Frente de Defensa
de los Intereses de la Región Cajamarca, la Federación Provincial
de Rondas Campesinas de Cajamarca, la Central Única Provincial de
Rondas Campesinas de Hualgayoc-Bambamarca y las Rondas Campesinas
Unitarias de la Provincia de Celendín lanzaron un pronunciamiento
condenatorio al alto funcionario.
Pero más allá de la forma en que
Huaroc explicó la posición gubernamental, ¿es acaso totalmente
falso lo que se ha denunciado? No.
En Cajarmarca y otras zonas del Perú,
las organizaciones ronderiles también tienen cuestionamientos por su
actuar, su prepotencia y porque en ciertos momentos se han
transformado en una especie de gremios que socapan realidades que nos
duele admitir, realidades como el narcotráfico y la minería ilegal
(esto último en Puno).
Si trasladáramos las críticas de
Huaroc hacia las organizaciones de la región Puno, queramos o no,
vamos a encontrar escenarios parecidos. Para nadie es un secreto que
Carabaya y Sandia tienen zonas donde los narcotraficantes actúan
impunemente, que las rondas campesinas han hecho muy poco para
sacudirse de esas cuestionables “infiltraciones” (ya sean de
narcotraficantes o de mineros ilegales); y el autoritarismo de los
ronderos que, incluso, se imponen a los poderes democráticamente
elegidos en las urnas.
Al asumir un poder absolutista, las
rondas adquieren capacidades de decisión distintas a la
administración de justicia comunitaria. Así resultan muy peligrosas
para el mismo Estado si no hay acompañamiento. Por eso es necesario
que se retome un proyecto de inclusión real, promoviendo inversiones
que combatan ese aislamiento del que ahora se aprovechan pocos
“vivos”. (Publicado en Correo Puno 20/01/14)
