Por: Hugo Supo
Términos como justicia tienen
significado gaseoso cuando hay ejemplos como el de Romilio Maquera
Iscarra, un veinteañero que en 2016 ha sido condenado a cárcel por
homicidio simple en contra de Melania Chino Maquera, la madre de su
hija, nada menos.
El muchacho confesó el crimen y -solo
por ello- fue beneficiado con el recorte de su pena, pues fue
sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel, y al pago de una
reparación civil de 12 mil soles. ¿Eso cuesta una vida?
Según la sentencia, Romilio Maquera
debió salir libre el 14 de setiembre de 2020, pero lo hizo en
noviembre del año pasado, gracias a que el juez mixto del Juzgado
Unipersonal Penal Liquidador Provincial de El Collao Julio, César
Chuchuya Zaga, aceptó la conversión de pena que el reo solicitó
arguyendo que debía trabajar para mantener a su pequeña hija.
Los cuatro años con dos meses de pena
privativa de libertad impuesta al sentenciado Romilio Maquera
Iscarra, se convirtieron “a 216 días de servicio comunitario”.
Entonces, el INPE decidió enviar a
Maquera a trabajar – suponemos como personal de servicio- a la
Institución Educativa Villa del Lago de la ciudad de Puno. Sí,
señores padres y madres de familia, enviaron a un confeso asesino
junto a niños en edad vulnerable.
Nada se tendría que cuestionar a la
segunda oportunidad que ha pedido el muchacho Romilio si no fuera
porque en la misma escuelita Villa del Lago se involucró con la
joven madre Magaly Antonieta Rivera Aguilar, con quien la semana
pasada– como ya la opinión pública conoce- intentó un nuevo
homicidio, en este caso contra el gerente municipal de Desaguadero,
Marco Cutipa Quenta.
Ahora Maquera está nuevamente
encarcelado, también Magaly Rivera, pero ¿cuánto tiempo se les
mantendrá tras las rejas?, ¿tan fácil es obtener libertad luego de
quitarle la vida a una persona?, ¿qué criterios tienen los jueces
para casos como este?, ¿qué aspectos analizan en el INPE para
enviar a convictos a convivir con niños? (Correo Puno Juliaca
18/01/18 Foto. Difusión)
