Por: Hugo Supo
Conceptos e ideas como autonomía
universitaria, cogobierno, extensión universitaria, libertad de
cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, entre otros, están en
el imaginario colectivo desde inicios del siglo pasado, pero
consolidados en 1918, tras el Grito de Córdoba.
La Reforma Universitaria ha sido una
gran corriente mundial que, sin duda, ha contribuido a la mejora de
la sociedad, la democratización de la enseñanza universitaria nos
ha legado grandes líderes y ese ha sido el logro reformista de
aquella revolución universitaria.
No obstante, en sociedades como las
nuestras, esta suerte de “autonomia” también ha provocado que la
universidad se convierta en una isla, desligada casi por completo de
la sociedad y por ende bastante cuestionada.
Una autonomía no solamente debería
significar “dame plata y yo sabré cómo lo malgasto” como ha
ocurrido durante los últimos tiempos, debería, por el contrario,
implicar el uso correcto y responsable de los recursos del Estado
para lograr mayor autonomía, incluso en aspectos presupuestales. Y
es que pareciera que los líderes universitarios no han terminado por
comprender que la universidad también tiene que ser productiva, aún
más que otros sectores, como ocurre en las casas de estudio e
investigación de Europa y Asia. Los avances en investigación han
permitido millonarias patentes a las universidades del Viejo
Continente, razón que les ha permitido equipar megalaboratorios con
la más alta tecnología y remunerar mucho mejor que el Estado a sus
catedráticos-investigadores.
El Estado no debe ser una mamadera de
la que hay que chupar cada vez que se reparte presupuesto; aquí en
cambio se ha tergiversado la autonomía con la idea de que la
fiscalización y control ciudadano no debe llegar a las
universidades.
De manera que si las universidades van
a reclamar presupuestos públicos, es bueno que se enteren que están
sujetos a las normas de control, pues es urgente su impulso y mejora
para la sociedad. No podrían salvarse las universidades privadas
por cierto, pues no solo se trata de presupuesto, hay que tener en
cuenta que la educación es un bien público con impacto social e
histórico, lo que las hace igualmente fiscalizables. En todo este
marco, vamos a desearle éxitos a la UNA Puno que esta semana
promulga su nuevo estatuto, que ese documento sea el reinicio de una
nueva reforma universitaria. (Publicado en Correo 06/04/15 Foto:
Internet)
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