El Aimarazo en la historia

Por: Hugo Supo

Hagamos un repaso de los movimientos sociales más trascendentes nacidos post-República en el Altiplano. Porque -hay que decirlo claro- la fundación republicana poco ha contribuido a construir un Estado-Nación inclusivo y el ánimo independentista del indio no ha cesado desde entonces.

A finales del siglo XIX, el liberal puneño Juan Bustamante Dueñas (Vilque, 24 de junio de 1808-Pusi, 3 de enero de 1869) acaudilló en la masa indígena en demanda de justicia social; la historia registra una rebelión de campesinos en Puno, entre 1867 y 1868. Ya derrotado, fue ejecutado en el distrito de Pusi (Huancané).

Otro hito es la gesta de Teodomiro Gutiérrez Cuevas (1864-?), apodado Rumi Maqui (’mano de piedra’), quien fue un militar peruano. Comprometido con la reivindicación indígena, en 1915 encabezó una rebelión campesina en el Altiplano. 

El acto fue reprimido con severidad por las tropas gubernamentales y bajo el auspicio de los terratenientes locales. El final de Rumi Maqui es incierto.

Después, en 1923 ocurrió la rebelión de Wancho Lima (Huancané), un pasaje que todavía tiene un lugar injusto y reducido en la historia del indigenismo.

Pero Wancho Lima es quizás el mensaje mejor logrado por los campesinos puneños a la hora de cuestionar a la República.

No fue una rebelión para destruir, sino para construir un estado paralelo a la miope Lima. De allí la fundación de la República Aimara Tahuantinsuyana del Perú con su presidente Carlos Condorena Yujra, que en resumidas cuentas fue creación de mercado y oportunidades mediante educación para los desposeídos.

Y en esa misma mirada histórica, el Aimarazo de 2011 es uno de los avances más importantes de la contemporaniedad para el campesino y sus hijos. 

La sentencia adelantada la semana pasada así lo indica. Habrá sido condenado Walter Aduviri, pero el colectivo aimara ha logrado mucho en reconocimiento de derechos. (Correo Puno Juliaca 13/07/17 Foto: Difusión)

Aimarazo: la sentencia

Por: Hugo Supo

Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yesica Condori Chata, integrantes del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, pasarán a la historia hoy, cualquiera sea su decisión en el juicio del Aimarazo.

Una posibilidad es que sentencien de acuerdo a los precedentes jurídicos que valora el derecho a la protesta ciudadana, considerando incluso la procedencia aimara de la mayor parte de los procesados en este emblemático conflicto del Altiplano peruano.

Podrían los señores jueces seguir la línea por la que se ha inclinado la administración de la justicia en esta parte del Perú; es decir, presentar argumentos de justicia intercultural y la mirada al otro (en este caso al aimara). 

Y podrían deducir, ustedes amigos lectores, cuál sería la sentencia en esta línea.

Otra posibilidad es que el colegiado opte por condenar a los protestantes, para ello, los jueces tendrán que valorar aún más la teoría presentada por el Ministerio Público (delitos de extorsión y disturbios) y sobreponer asuntos de tranquilidad pública sobre las quejas de los pobladores rurales por asuntos socioambientales.

Claramente la sentencia a dictarse hoy 6 de julio de 2017 para el caso Aimarazo, significa dar respuesta a una lucha de enfoques de justicia. ¿Qué vale más?, ¿el derecho de los campesinos o de los citadinos?, ¿y cómo se aplicaría aquello de que el derecho de uno se acaba donde empieza el del otro?, ¿quién es el uno y quién el otro?

Entendidos en la materia nos dicen que los argumentos jurídicos existen y son válidos para ambas posibilidades, para absolución y condena. Suponemos entonces que la decisión tiene que ver con la valoración personal de cada juez.

Y la sentencia no solamente es trascendente por la significancia social del Aimarazo, sino porque la sentencia afectará directamente al año electoral próximo.

Hoy es un día de decisiones difíciles, estaremos atentos. (Correo Puno Juliaca 06/07/17 Foto: Difusión)

Aimarazo: un fiscal sin pruebas

Por: Hugo Supo

En el epílogo del sonado juicio del Aimarazo, el Ministerio Público ha decidido retirar su acusación contra 8 de los 18 procesados por presuntamente cometer delitos contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión, en su forma de extorsión agravada y alternativamente por la comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en su forma de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Quienes están fuera del juicio son: Francisca Sarmiento Choque, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza, Marco Antonio Ururi Musaja, Edwin Condori Chipana, Emilio Paredes Pari, Guido Velez Carita y Pablo Salas Charca.

La Fiscalía ha admitido no haber encontrado medios probatorios suficientes para pedir una sentencia condenatoria contra los mencionados. ¡Seis años y no se ha encontrado las pruebas! 

Recordemos que el proceso había empezado con más de 40 implicados, luego fueron bajando hasta llegar a los 18 de la parte final.

Quiere decir que el Ministerio Público no ha estado trabajando bien en el camino de encontrar justicia.

En primer lugar, porque un fiscal no puede enjuiciarte por tantos años, para al final decir que no ha hallado pruebas en contra tuya.

Eso da pie a una gran victimización y hasta una millonaria demanda contra el Estado, de la cual Walter Aduviri ya habló hace días.

En segundo lugar, el fiscal no ha estado enfocado en encontrar a los verdaderos responsables del vandalismo y saqueo de instituciones que se registraron durante las protestas antimineras.

Esta columna se escribe a la espera de la sentencia del caso Aimarazo, es posible una condena contra los 10 restantes, pero ¿acaso la Fiscalía -con las debilidades que estamos viendo- puede garantizar que su tesis y pruebas serán irrefutables en segunda instancia? (Correo Puno Juliaca 29/06/17 Foto: Difusión)

Tacna quiere lo que Puno no puede

Por: Hugo Supo

El congresista Guillermo Martorell Sobero (Fuerza Popular) acaba de presentar el proyecto de Ley N° 1567/2016-CR, el cual tiene por objetivo modificar varios artículos de la Ley que creó la ZofraTacna para “fomentar la diversificación productiva y de los servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”. 

El proyecto de Martorell busca alcanzar el sueño de industrialización de la vecina región, pues acoge dentro de la jurisdicción de la ZofraTacna posibilidades de implementar zonas de extensión y hasta el desarrollo de un parque industrial; entre otros beneficios.

Varias actividades productivas que piden los tacneños también están consideradas en la Zona Económica Especial de Puno (ZeedePuno) que duerme el sueño de los justos por obra y gracia de los paisanos.

Por ejemplo dicen que en la ZofraTacna podrían desarrollar “actividades industriales, agroindustriales, de ensamblaje, de maquila y servicios logísticos, de reparación o reacondicionamiento de mercancías, telecomunicaciones, tecnologías de la información, investigación y desarrollo científico, tecnológico, salud humana, audiovisuales y de desarrollo de infraestructura”.

Una ampliación de la ZofraTacna significaría caminar a la consolidación de una industria sureña costera que, seguramente, impactará en forma directa en regiones como Arequipa y Puno.

Esto nos lleva a un par de reflexiones. La primera respecto a la indignante incapacidad del Gobierno Regional y de la municipalidad de Puno que en 11 años no han podido siquiera construir muros en los terrenos destinados para la Zona Económica Especial.

Y lo otro, que los puneños no estamos solos en el sueño de la industrialización, visto que es la manera más rápida de acceder a mejores economías para las familias nuestras; es por tanto urgente recordar que el Presidente de la República tiene un compromiso con el Altiplano (firmado en la Agenda Puno) el cual debe cumplir. 

¡Agua, energía e industria para Puno! (Correo Puno Juliaca 22/06/17 Foto: Difusión)

Malos deseos para Aduviri

Por: Hugo Supo

Hace poco, el disidente “humanista” y ahora autoproclamado precandidato de Más Democracia, César Quispe, ha dicho que una eventual condena a Walter Aduviri (Mi Región) podría beneficiarle en las elecciones de 2018.

Lo expresado por Quispe no es producto de análisis, sino de una confesión que revela envidia y desesperación. Y con seguridad no es el único postulante que se frota las manos ante la próxima sentencia a leerse en el caso Aimarazo.

Estos políticos esperan que una condena saque del camino al rival; prefieren que el Poder Judicial se encargue de sepultarlo antes que enfrentarlo en el marco de la democracia.

La pregunta es ¿por qué una condena a Aduviri podría beneficiar a Quispe? Porque el abogado se considera representante del indigenismo que instrumentalizó Aduviri en 2011.

Su cálculo debe ser que a falta de un líder con el mismo discurso, el electorado se pasará de lado, y ese lado es él.

Esa también es la razón por la que se publicita como seguidor de Gregorio Santos y Más Democracia (recuerden que el símbolo casita fue de Aduviri en los comicios pasados).

Solo que las cosas están bastante difíciles al interior de Más Democracia, pues para empezar, tienen a varios personajes tentando la postulación y ya sabemos el problema de la pulverizada izquierda cuando de postulaciones se trata.

Además, el elector cautivo de Walter Aduviri no necesariamente parece ser el típico militante ideológico, sino el antisistema que ha encontrado a su caudillo ideal, con el que incluso ha sellado un pacto de lealtad durante los sucesos del Aimarazo y el proceso judicial posterior.

Imaginen un escenario con un Aduviri condenado por la justicia. Ya sea desde la cárcel, el exilio o la clandestinidad, seguirá agitando con la siempre efectiva arma de victimización, ¿no creen?

De manera que los candidatos que pretendan competir en 2018, más que rezar por una sentencia condenatoria al aimara, deberían estar trabajando sus propias bases. (Correo Puno Juliaca 15/06/17 Foto: Difusión)