Gobierno y “comisionitis”

Por: Hugo Supo

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la reforma del sistema de justicia peruano. Para ello – ha dicho- conformará “de manera inmediata la comisión de reforma para la que se convocará a un equipo de honorables expertos en la materia, reconocidos no solo por su trayectoria profesional, sino por su ética, a fin de recibir sus recomendaciones que nos permitan llevar adelante esta reforma que será integral”.

La propuesta debe hacerse pública el 28 de julio cuando Vizcarra pronuncie el Mensaje a la Nación con motivo del aniversario patrio.

¿Cómo podría hacerse realidad una reforma integral del sistema de justicia?, ¿se trata solamente de cambiar personas en el Consejo Nacional de la Magistratura?, ¿debería seguir existiendo el CNM como tal?

¿Es posible introducir una elección popular de magistrados?, ¿se tomará en cuenta los modelos vecinos donde es el Presidente quien designa al magistrado de mayor jerarquía?, ¿debería el Estado tercerizar con agencias internacionales la selección de los jueces y fiscales?, ¿de qué habla Vizcarra cuando dice “reforma”?

Tal como se ha mostrado este Presidente, suponemos que el dichoso proceso será poner algunos parches a ese deslegitimado CNM y nada más.

Lo decimos por una simple razón: Vizcarra responde al mismo juego de intereses de ese establishment capitalino que hará todo lo posible para mantener el statu quo en nombre de sus intereses. Así lo ha decidido Vizcarra desde su asunción al poder.

Él ha tenido la inmensa oportunidad de marcar un antes y un después en el proceso de construir un Estado-nación, pero ha dicho que no, que no hay que hacer tanto escándalo, que la tormenta calmará bajo su capitaneo.

Por cierto, ¿no es este mismo Vizcarra que en junio pasado anunció nombrar otra comisión para cobrar los millonarios impuestos que deben algunas corporaciones al Estado peruano?, ¿resultados? Cuidado que la comisionitis es una estrategia que termina hartando a la gente. (Correo Puno Juliaca 12/07/18 Foto: Difusión)

El futuro de Walter Aduviri

Por: Hugo Supo

Hay dos caminos posibles en el caso Aimarazo, cuyo primer juicio (primera instancia) terminó con la absolución de la mayor parte de los acusados, excepto el principal dirigente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri Calisaya.

Ahora que el Poder Judicial ha confirmado la fecha de audiencia de apelación para el 6 de diciembre de este año, se sabe también que la incertidumbre por el futuro político de Aduviri tendrá que concluir con dicha actividad.

Un camino es la confirmación de sentencia; en este caso, Walter Aduviri tendría que ser apresado y ser conducido a un penal que determine el INPE para cumplir su condena de siete años de prisión que se dictó en primera instancia.

Por supuesto, la defensa del exdirigente podría recurrir a la casación en Lima, sin embargo, esto no detiene la ejecución de sentencia. Es decir, que al aimara le quedarán solo dos opciones: enfrenta la cárcel o huye.

La otra posibilidad es que los jueces de segunda instancia declaren la nulidad del proceso, eso implicaría mandar el juicio a fojas cero, con la consecuencia de dejar -al menos por ahora- en libertad del ejercicio ciudadano a todos los imputados, incluyendo el potencial candidato Aduviri.

Con la nulidad se tendría un nuevo juicio del Aimarazo y el camino libre para que Aduviri postule en las elecciones regionales y municipales del año entrante.

¿Por qué es tan importante esta audiencia? Porque Aduviri se ha convertido en uno de los principales actores políticos regionales, si postula en el año 2018, podría ser uno de los que pelea el poder regional. 

En caso de no concretarse la postulación, otros candidatos asumirían mayor protagonismo, considerando que el apoyo electoral de Aduviri se dividiría y otro tanto, quizás se volcaría a alguno que simule características parecidas al caudillo del Aimarazo.

Veremos cómo deciden los mismos jueces que liberaron al alcalde de Puno, Iván Flores. (Correo Puno Juliaca 09/11/17 Foto: Difusión)

Aimarazo: la sentencia

Por: Hugo Supo

Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yesica Condori Chata, integrantes del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, pasarán a la historia hoy, cualquiera sea su decisión en el juicio del Aimarazo.

Una posibilidad es que sentencien de acuerdo a los precedentes jurídicos que valora el derecho a la protesta ciudadana, considerando incluso la procedencia aimara de la mayor parte de los procesados en este emblemático conflicto del Altiplano peruano.

Podrían los señores jueces seguir la línea por la que se ha inclinado la administración de la justicia en esta parte del Perú; es decir, presentar argumentos de justicia intercultural y la mirada al otro (en este caso al aimara). 

Y podrían deducir, ustedes amigos lectores, cuál sería la sentencia en esta línea.

Otra posibilidad es que el colegiado opte por condenar a los protestantes, para ello, los jueces tendrán que valorar aún más la teoría presentada por el Ministerio Público (delitos de extorsión y disturbios) y sobreponer asuntos de tranquilidad pública sobre las quejas de los pobladores rurales por asuntos socioambientales.

Claramente la sentencia a dictarse hoy 6 de julio de 2017 para el caso Aimarazo, significa dar respuesta a una lucha de enfoques de justicia. ¿Qué vale más?, ¿el derecho de los campesinos o de los citadinos?, ¿y cómo se aplicaría aquello de que el derecho de uno se acaba donde empieza el del otro?, ¿quién es el uno y quién el otro?

Entendidos en la materia nos dicen que los argumentos jurídicos existen y son válidos para ambas posibilidades, para absolución y condena. Suponemos entonces que la decisión tiene que ver con la valoración personal de cada juez.

Y la sentencia no solamente es trascendente por la significancia social del Aimarazo, sino porque la sentencia afectará directamente al año electoral próximo.

Hoy es un día de decisiones difíciles, estaremos atentos. (Correo Puno Juliaca 06/07/17 Foto: Difusión)

Paltuture paralizado

Por: Hugo Supo

El año 2017 empieza con una noticia favorable a los intereses de Puno en el sur del país. La Sala Superior Civil de este Distrito Judicial declaró infundado en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto a la medida cautelar por el caso Paltiture-Paltuture (Resolución N° 01 del Tercer Juzgado Civil de Puno, en el que se concede la medida a favor de la Municipalidad Provincial de Puno, suspendiéndose el proceso de selección de adjudicación de menor cuantía Nº 001-2016-MINAGR-PSI) por la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego.

Aunque para decirlo claro, dicha decisión ya se tomó en diciembre del año pasado; la resolución N° 008 es del 19 del último mes de 2016 y va con la firma de los jueces superiores Manuel Quintanilla Chacón, Oswaldo Mamani Coaquira y Pánfilo Monzón Mamani.

Detalles más/menos, el fondo de este asunto es que la obra “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Tambo, para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola de las regiones de Moquegua y Arequipa”, más publicitada como la presa Paltuture, seguirá paralizada indefinidamente mientras no se solucione el conflicto de delimitación territorial entre Puno y Moquegua.

Visto el evidente dilema y la urgencia de solucionar la crisis hídrica en el sur, el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski debería dar prioridad a la mesa de negociaciones Puno-Moquegua instalada desde 2010 para finiquitar el problema de límites.

Es extraño que la Presidencia del Consejo de Ministros por medio de la Oficina Nacional de Demarcación Territorial permita la dilación del asunto a las autoridades moqueguanas, incluso creando suspicacias de injerencia de parte del vicepresidente Martín Vizcarra.

Es necesario cerrar este capítulo tan manoseado políticamente para darle pase a los proyectos tan necesarios como la presa tripartita Paltuture.

Y con ello, debe quedar claro que Puno no se opone a la presa, sino exige respeto e inclusión. (Correo Puno Juliaca 05/01/17 Foto: Difusión)

Muerte civil para corruptos

Por: Hugo Supo

Genial que el presidente Kuczynski se haya animado por la denominada “muerte civil” para los corruptos. Aunque hubiera sido mejor que la iniciativa naciera en aguas tranquilas, no como ahora, que es hija de la tempestad dejada por la revelación del “negociazo” del exasesor presidencial Carlos Moreno.

De todos modos, es buena noticia saber que los corruptos pasarán a peor vida en cuanto se empiece a aplicar este reciclado remedio.

Pero no nos emocionemos tan pronto, cavilemos; vamos por partes y a cucharadas.

Supongamos que esta semana sale el Decreto Legislativo que pone en vigencia la muerte civil, ¿en cuánto tiempo podremos decir los peruanos: que en paz descanse y de Dios goce señor Moreno?

Es decir, más allá de la opinión pública y para efectos legales, ¿cuándo se le puede llamar corrupto a un corrupto en el Perú?

Según una publicación de RPP, en 2015, el Poder Judicial impuso más de 13 mil sentencias por corrupción en nuestro país.

Los delitos más se cometieron fueron: cohecho (una de sus modalidades es el soborno) con 7272 sentencias condenatorias; colusión con 3791 sentencias; malversación de fondos con 2745; peculado con 2658; y concusión con 959 sentencias.

No obstante, los procesos por corrupción recién investigados en el Ministerio Público y el Poder Judicial se multiplican una barbaridad.

Muchos casos no llegan a sentencia y otros, en el colmo de la situación, simplemente juegan al cansancio hasta que el delito desaparece como arte de magia; esto último pasó con la malversación de los 20 millones de soles de fondos de emergencia destinados a Puno en 2003 (caso David Jiménez).

Sin el ánimo de fregar la entusiasta lucha anticorrupción de coyuntura, en nuestro país habría que apuntar más bien a que el Poder Judicial, ahora manejado por abogados cuadriculados, sentencie con rapidez, haga cumplir sus penas y no nos pasemos la vida llamando “presunto corrupto” a los corruptos. (Correo Puno Juliaca 20/10/16 Foto: Difusión)