Por: Hugo Supo
Es inevitable escribir sobre lo que
está ocurriendo en el proceso de demarcación territorial entre las
regiones Puno y Moquegua. Sobre todo después de la última reacción
de las autoridades moqueguanas respecto al informe final N° 045 que
ponía fin a las discusiones en cuanto a los tramos I y II se
refiere.
El referido informe se ha trabajado
desde el año 2009, cuando representantes de ambos departamentos
accedieron a la intermediación de la entonces Oficina Nacional de
Demarcación Territorial (hoy adscrita al Viceministerio de
Gobernanza Territorial) de la PCM para solucionar el conflicto social
que había aflorado desde inicios del siglo.
¿Y por qué se aceptó esta especie de
arbitraje? Primero porque corresponde a la instancia nacional sanear
los límites de las fracasadas regiones del aprismo y, luego, para
que los técnicos de ambos gobiernos subnacionales expongan sus
argumentos para probar la pertenencia o no de determinados
territorios.
Pues bien. A todo eso se ha sometido el
pueblo puneño, han sido ene reuniones en Lima y otros departamentos.
Los ausentes han sido siempre los
representantes de los vecinos. Han pateado el tablero una y otra vez.
Han recurrido al Poder Judicial. Y es casi una década de la misma
cantaleta.
Finalmente, en 2017 -incumpliendo todos
los plazos- la PCM emitió el informe final 045 el cual demuestra que
territorios anexados a Moquegua se encuentran en territorio
altiplánico. En este momento deberíamos estar hablando sobre el
tramo III, pero eso no está pasando.
¿Qué sucede? El lobby moqueguano ha
vuelto a actuar y ha presionado al premier Fernando Zavala para
revisar el informe de demarcación. Dicen ahora otros “dos meses”
más.
Esta noticia deja desazón en Puno y
vuelven a retumbar los tambores de protestas tipo Aimarazo. Sería
bueno, en este caso, que la PCM aclare al país si hará respetar el
Estado de Derecho o preferirá jugar a la mecedora. El pueblo puneño
merece una respuesta. (Correo Puno Juliaca 18/05/17 Foto: Difusión)
