(El director de la Vicaria de Solidaridad - Prelatura de Ayaviri, http://www.prelaturaayaviri.org me envia este artículo, Jacinto Ticona Huamán es parte de los colaboradores con el Diario Los Andes)
Por: Abog. Jacinto Ticona Huamán
En estos meses se ha generado un debate en torno a la pena de muerte, y de hecho, seguirá siendo analizado en los próximos meses, ójala que la clase política antes de provocar pasiones en la gente, generen conciencia de respeto al derecho más importante del ser humano, la “vida”.
La persona tiene el derecho fundamental de no ser privado injustamente de su vida ni de sufrir ataques injustos de sus semejantes o del Estado. Lógicamente este derecho se refiere en primer término, a la vida física, biológica del ser humano. No obstante es conveniente recordar que la vida humana no se agota, como en el caso de los animales, en su manifestación netamente biológica. En él por el contrario, lo más importante de su existencia es el aspecto espiritual. La vida es propia, exclusiva e inherente al hombre, radica la explicación de que la vida biológica, además de ser un hecho natural, constituya un derecho humano que se encuentra tutelado por el ordenamiento jurídico.
Somos seres humanos dotados de razón y conciencia, por ende, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Un comportamiento fraternal obliga a la persona humana a respetar a las otras personas humanas ¿Y en esto, cuál es el rol del Estado? el Estado es el órgano encargado, en última instancia, de hacer prevalecer el respeto de unos sobre otros.
De otro lado, es preciso afirmar que el Perú ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que impide claramente que se extienda la aplicación de la pena de muerte en nuevos delitos. Si no cumplimos con este compromiso, tendríamos que retirarnos de la Corte y del sistema interamericano en lo referido a derechos humanos, en consecuencia, los 28 millones de peruanos/as ya no podríamos recurrir a esta instancia supranacional para hacer valer nuestros derechos en caso de que la justicia peruana no se conduzca con imparcialidad e independencia, incluso permitiría la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Recordemos que el dictador Alberto Fujimori pretendió lo mismo, frente al cual, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en contra. Tampoco puede ser posible la convocatoria a referéndum, pues tal consulta no puede realizarse para restringir o recortar derechos. Es más, al aplicar la pena de muerte estaríamos aplicando la Ley restringir o recortar derechos. Es más, al aplicar la pena de muerte estaríamos aplicando la Ley del Talión (tradición vengadora de las culturas primitivas).
Estamos de acuerdo que los violadores y asesinos de niñas/os merecen ser castigados con todo el rigor de la ley, pero de ningún modo sería solución matarla. Creemos que la solución está en atacar las causas de esos crímenes dentro de las familias, barrios y en la comunidad, por tanto el Estado y la sociedad civil debemos pensar en las medidas disuasivas.
Por todos estos argumentos, nosotros consideramos que la propuesta del Presidente de la República para ampliar la aplicación de la pena de muerte a los violadores de niñas/os resulta contraproducente y negativo para el país. Por la exacerbación de nuestras pasiones y emociones
podríamos decir sí a la pena de muerte, pero nuestra conciencia humana, nos dice no a la pena de muerte, porque sobre todas las cosas, la vida es un Don de Dios.
En estos meses se ha generado un debate en torno a la pena de muerte, y de hecho, seguirá siendo analizado en los próximos meses, ójala que la clase política antes de provocar pasiones en la gente, generen conciencia de respeto al derecho más importante del ser humano, la “vida”.
La persona tiene el derecho fundamental de no ser privado injustamente de su vida ni de sufrir ataques injustos de sus semejantes o del Estado. Lógicamente este derecho se refiere en primer término, a la vida física, biológica del ser humano. No obstante es conveniente recordar que la vida humana no se agota, como en el caso de los animales, en su manifestación netamente biológica. En él por el contrario, lo más importante de su existencia es el aspecto espiritual. La vida es propia, exclusiva e inherente al hombre, radica la explicación de que la vida biológica, además de ser un hecho natural, constituya un derecho humano que se encuentra tutelado por el ordenamiento jurídico.
Somos seres humanos dotados de razón y conciencia, por ende, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Un comportamiento fraternal obliga a la persona humana a respetar a las otras personas humanas ¿Y en esto, cuál es el rol del Estado? el Estado es el órgano encargado, en última instancia, de hacer prevalecer el respeto de unos sobre otros.
De otro lado, es preciso afirmar que el Perú ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que impide claramente que se extienda la aplicación de la pena de muerte en nuevos delitos. Si no cumplimos con este compromiso, tendríamos que retirarnos de la Corte y del sistema interamericano en lo referido a derechos humanos, en consecuencia, los 28 millones de peruanos/as ya no podríamos recurrir a esta instancia supranacional para hacer valer nuestros derechos en caso de que la justicia peruana no se conduzca con imparcialidad e independencia, incluso permitiría la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Recordemos que el dictador Alberto Fujimori pretendió lo mismo, frente al cual, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en contra. Tampoco puede ser posible la convocatoria a referéndum, pues tal consulta no puede realizarse para restringir o recortar derechos. Es más, al aplicar la pena de muerte estaríamos aplicando la Ley restringir o recortar derechos. Es más, al aplicar la pena de muerte estaríamos aplicando la Ley del Talión (tradición vengadora de las culturas primitivas).
Estamos de acuerdo que los violadores y asesinos de niñas/os merecen ser castigados con todo el rigor de la ley, pero de ningún modo sería solución matarla. Creemos que la solución está en atacar las causas de esos crímenes dentro de las familias, barrios y en la comunidad, por tanto el Estado y la sociedad civil debemos pensar en las medidas disuasivas.
Por todos estos argumentos, nosotros consideramos que la propuesta del Presidente de la República para ampliar la aplicación de la pena de muerte a los violadores de niñas/os resulta contraproducente y negativo para el país. Por la exacerbación de nuestras pasiones y emociones
podríamos decir sí a la pena de muerte, pero nuestra conciencia humana, nos dice no a la pena de muerte, porque sobre todas las cosas, la vida es un Don de Dios.
