Por: Hugo Supo
Hay que tener cuidado al interpretar el último informe de la Defensoría del Pueblo que advierte la presencia de una veintena de conflictos sociales en la región Puno, el que a su vez y a simple vista, nos convierte en la “zona más conflictiva en el Perú”, como muchos se han atrevido a decir.
Cuando uno lee de 20 conflictos en Puno dice: ¡este lugar está ardiendo! Sin embargo, las cosas no son así. Si bien el Altiplano ha sido escenario de uno de los conflictos más importantes del año que se va, la paz social ha estado presente desde hace varios meses entre nosotros, por lo que hablar de dos decenas de conflictos diferentes parece hacernos caer en un alarmismo innecesario.
Y de seguro que esto trae consecuencias lamentables para las inversiones, sobre todo para el sector turismo que ya ha tenido la ingrata experiencia de verse afectada por las huelgas antimineras de los primeros meses del 2011.
El poco interés por visitar nuestros sitios turísticos es totalmente entendible cuando oficialmente se habla de que “Puno está que arde”, peor aún cuando estos datos son revotados por los medios de comunicación en forma superficial y sin el filtro del necesario análisis.
Lo que pasa en el Perú es que no tenemos una fuente alterna a la Defensoría del Pueblo sobre el monitoreo de conflictos sociales, de esa forma nos vemos minimizados en el análisis a la clasificación simplista que tiene esta entidad.
Dice por ejemplo la Defensoría, que de los 20 conflictos detectados en Puno 12 son activos y 8 están a nivel latente, entendiéndose por activo que está en pleno desarrollo y por latente que es una amenaza para un futuro cercano.
Si vemos el panorama de esta forma, igualmente Puno resultaría siendo un “polvorín”, así el nivel de conflictividad baje a 12. Recuerden nada más cómo estuvo el territorio altiplánico cuando se expandieron las dos protestas antimineras (aimara y quechua) de este año.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene también una medición de conflictos, que aunque oficialista, es mucho más rica para el análisis e interpretación, la que tal vez nos ayudaría a comprender mejor la realidad y no hacernos propaganda de autogol. Necesitamos por ejemplo saber si todos esos conflictos detectados por la Defensoría del Pueblo son nuevos, durante cuánto tiempo están presentes en la zona, si ya tuvieron soluciones parciales o quizás sean conflictos que se estén retomando.
Otro punto importante es saber quiénes son los actores que generan esos conflictos, tomando en cuenta que el periodismo y algunos analistas han detectado personajes acostumbrados a generar sistemáticamente inestabilidad social con el fin de ganar réditos políticos; no obstante que en algunos casos son meramente amenazas mediatizadas.
O sea el asunto es complejo y diverso. Lamentablemente los gobiernos regionales no han reaccionado y la mayoría no se ha preocupado por implementar un sistema de monitoreo o prevención de conflictos ni siquiera en sus jurisdicciones, lo que hace más difícil pensar en algo más grande.
Ahora bien, otra entidad que podría funcionar –por lo menos en las cinco zonas donde están operando- son las oficinas de los Comisionados para la Paz y Desarrollo (existente en Puno) y que según sus atribuciones podrían ser una fuente diferente para el monitoreo de estos problemas. Esto no significa desechar los informes de la Defensoría del Pueblo, por el contrario, requerimos de pluralidad y una mirada mucho más profunda. (Publicado en Correo 17-11-2011)
