Por: Hugo Supo
En junio de este año el Ministerio
Público dispuso una investigación preliminar contra el gobernador
regional de Puno, Juan Luque Mamani, quien ha sumado indicios
suficientes -sostiene la Fiscalía- para sospechar que está
cometiendo el delito de lavado de activos.
Luque ha despertado sospechas por las
declaraciones de diversos domicilios que hicieron, tanto él como su
familia. A eso debe sumarse, los procesos judiciales, aún
irresueltos, de presunto favorecimiento en la compra de terrenos para
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez cuando la hoy
autoridad regional era rector.
En julio de este mismo año, la
Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio de San Román- Juliaca, ha dato otro golpe. En esta ocasión,
el investigado es el alcalde de Chucuito-Juli, Juan Carlos Aquino
Condori, también exalcalde del fronterizo distrito de Desaguadero.
En el caso del joven burgomaestre
Aquino, las sospechas tienen su génesis en las presuntas
irregularidades registradas en la obra de instalación de agua y
desagüe de Desaguadero, cuya ejecución contemplaba un presupuesto
de aproximadamente 40 millones de soles, pero tenía inconsistencias
en cuanto a avance físico y financiero.
Hay otros detalles más a ser
considerados por la Fiscalía por supuesto, pero para efectos de
esta columna, lo escrito líneas arriba es suficiente para exponer el
problema.
Sucede que nunca como ahora, las
autoridades están siendo denunciadas por delitos referidos a
economía ilegal; sin duda, eso nos debe de llamar la atención.
Es cierto también que hasta ahora solo
son indicios reunidos por el Ministerio Público; ergo, no es bueno
adelantarnos a una sentencia pública. Lo que sí podemos es exigir a
las partes involucradas su máxima colaboración y dedicación para
dejar claro el asunto.
No cosa de juego que el gobernador y un
alcalde provincial -y sabemos que también hay alcaldes distritales
en la mira- estén con estos cuestionamientos. De confirmarse que
están haciéndose ricos con dineros mal habidos sería desastroso
para la política local y su afán de recuperar la confianza
ciudadana.
Fijémonos en estas investigaciones
hasta el final, si los personajes implicados son culpables, que su
sentencia se haga en forma sumaria, si son inocentes, debe ser la
Fiscalía la que responda de sus responsabilidades. (Correo Puno
Juliaca 20/07/15 Foto: Los Andes)
