Por: Hugo Supo
La
chacanista María del Carmen Omonte Durand acaba de presentar un
nuevo proyecto de Ley para modificar la Ley de Elecciones Regionales.
A decir de la parlamentaria, se debe flexibilizar el tiempo de
residencia para los candidatos a autoridades regionales de tres a un
solo año.
La
actual valla exige una residencia mínima coherente en la
jurisdicción a la que el aspirante quiera postular, se pretende así
alejarnos de candidaturas improvisadas, lejanas y foráneas.
En
cambio, con la iniciativa de Omonte lo que se hace es abrir la
posibilidad a tener mayor variedad en candidaturas; como lo vemos, se
trata de una invitación abierta a vivir lejos de donde se quiere
gobernar, regresar y/o ponerse a residir solamente para la campaña
electoral.
No
es una solución, por supuesto, al problema actual de las
candidaturas -mal llamadas- regionales, el hecho de no tener cuadros
locales no implica necesariamente buscarlos a diestro y siniestro en
la capital de la República u otras zonas, como parece orientarse el
proyecto de la toledista.
Y
no se trata de chavonismos, sino de simple evaluación del
costo-beneficio político y social de este proyecto de ley para
departamentos como Puno, donde de tiempo en tiempo nos vemos
obligados a soportar parloteos caudillistas sin programas de gobierno
ni cuadros técnicos, para ahora vernos invadidos de aventureros que
buscan ganarse los votos de la gente, quién sabe con qué
intenciones.
El
camino a mejorar no pasa por variarnos el menú de candidaturas, los
destinos de las gestiones regionales tienen que ver claramente con
aspectos más técnicos, no va por incentivar la competencia entre
discursos electorales locales con los de afuera, sino de lograr
eficiencia en las administraciones inyectándoles -como un cronista
de esta casa editora decía- de proyectólogos y presupuestólogos.
Al
final, sea quien fuere el presidente regional, los grandes proyectos
públicos y privados están anotados en los cuchucientos planes de
desarrollo que nos han hecho las ONG y las millonarias consultorías
pagadas por los gobernantes, ¿o no?
Está
claro, entonces, que los congresistas deberían estar buscando
maneras de ayudar a potenciar la capacidad administrativa y no
escudriñar en la norma para cachear chamba para los caudillos de
otro lado, con los nuestros es más que suficiente. (Publicado en Correo Puno 2/12/13)
