Por: Hugo Supo
Una docena de proyectos de ley se
juntan en la propuesta de Reforma Política que ha sido alcanzada por
la Comisión de Alto nivel que escogió el presidente Martín
Vizcarra tras culminar el Referéndum del año pasado.
La comisión diagnosticó, básicamente,
lo que todo peruano medianamente informado sabe: la débil democracia
nacional no está sustentada en la institucionalidad de los partidos
políticos, sino bajo el interés de los grupos económicos y de
caudillos que aspiran convertirse en elementos del Establishment.
En tal contexto, se han fijado cuatro
grandes objetivos nacionales y conjuntos de medidas para lograr
partidos y organizaciones políticas regionales más fuertes y
representativos; combatir la corrupción y fomentar la rendición de
cuentas; tener una democracia más gobernable y con mejor control
político; y tener una mayor y mejor participación electoral y
política de los ciudadanos.
Se incide, por ejemplo, en bajar las
vallas para la inscripción de nuevas organizaciones políticas con
la condición de incrementar su vida partidaria, incentivando la
competencia y lucha por el poder y los gobiernos.
Esto es saludable, tomando en cuenta
que actualmente las cifras de adherentes son exorbitantes en el
país, se requiere grandes fondos y se fomenta el clientelismo con
los electores.
Además, una vez inscrita la
agrupación, suele convertirse en vientre de alquiler al servicio de
los oportunistas.
En caso prospere la reforma, la valla
electoral para agrupaciones regionales será del 8% y lograr al menos
un escaño en el Consejo Regional.
Para tener una referencia, si las
normas hubieran cambiado antes de los comicios de 2018, las únicas
agrupaciones que estarían vigentes serían Mi Casita (43.5%), FADEP
(16.24%), Poder Andino (10.63%) y Moral y Desarrollo (8.58%).
Pero estos grupos tampoco son ejemplo
de vida partidaria, sino de caudillismo y peligrosas coaliciones.
¡Ojo!,la reforma también debe combatir esas prácticas. (Correo
Puno Juliaca 28/03/19 Foto: Difusión)