Para que las
autoridades no argumenten que el cargamontón de críticas es a causa
de la próximidad de las elecciones y paparruchas similares, vamos a
revisar desde cuándo se les advirtió lo que debían de trabajar y
no lo hicieron.
La Contraloría General de la República acaba de
resumir seis casos emblemáticos de sus acciones de control
realizadas de la región Puno.
Dos de ellas se refieren a la falta
de capacidad en los hospitales de Puno y San Román.
Por ejemplo,
en el control realizado entre el 23 al 27 de abril se advirtieron
siete hechos adversos relacionados a la capacidad de respuesta del
hospital Manuel Núñez Butrón ante la emergencia sanitaria de la
COVID-19.
“Aún no presentan plan de acción para la
implementación de las acciones preventivas o correctivas”, decía
el órgano contralor en el informe emitido el 30 de abril.
En
similar fecha, también se hizo control simultáneo en el hospital
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca.
Allí “se
advirtieron ocho hechos adversos respecto a la capacidad de respuesta
del hospital ante la presencia de casos COVID-19”.
Tampoco se
tuvo un plan de respuesta hasta entonces, pese a que la emergencia
sanitaria se declaró desde inicios de marzo.¿Qué podrían decir
las autoridades a su favor frente a esta incapacidad?
Es claro que
han dejado pasar hasta cinco meses (algunos recién han empezado a
trabajar en agosto) para decir esta boca es mía.
Aún así, ni
siquiera hay mea culpas, solo la seguidilla de muertes y dolor en las
familias altiplánicas.
Y no hablamos solamente de las autoridades
subnacionales, también las del Gobierno central que ahora quieren
figurar de salvadores.
Ninguna negligencia debe quedar impune, que
la historia lo tenga anotado. (Correo Puno Juliaca 13/08/20
Foto:Difusión)
