Por: Hugo Supo
El Gobierno publicó el DS N°
120-2018-PCM, se trata de la norma que aprueba la extinción de
comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas
de diálogo del Poder Ejecutivo. En el anexo se publica 55
extinciones que implican a varios ministerios, los que -en teoría-
han cumplido su vida útil o simplemente son innecesarios para la
“modernización de la administración del Estado”.
Aunque ninguno corresponde a la región
Puno (se supone que las que aquí funcionaron ya fueron cerradas en
otros momentos) la norma da pie a reflexionar sobre la eficacia de
estas estrategias para llegar a acuerdos entre Estado, ciudadanía
y/o empresas.
Vale anotar que la Defensoría del
Pueblo contabiliza mensualmente una veintena de conflictos en
territorio puneño, pero ¿cuántos están siendo abordados en mesas
de diálogo, grupos de trabajo, comisiones y similares?, ¿han
servido de algo las mesas de diálogo?
Habría que preguntarle a los
productores de la cuenca Llallimayo si la mesa allí instalada (y
concluida en papeles) ha contribuido a solucionar el problema de la
contaminación generada por la minería de Aruntani SAC.
O si la “Comisón Multisectorial Para
la Preservación y Recuperación Ambiental del Lago Titicaca y sus
Afluentes” ha sido determinante para avanzar con la
descontaminación.
Por supuesto, son apenas un par de
ejemplos de las intervenciones diseñadas desde el Gobierno central
para solucionar álgidos problemas del país.
Pero dichas estrategias no han dejado
soluciones concretas, sino expectativas y frustraciones, lo que
acrecienta el conflcito y reclama una intervención más efectiva.
En tal sentido, la extinción de las
mesas de diálogo y demás parece saludable. Lo que falta aclarar al
gobierno del señor Martín Vizcarra, es cuánto de presupuesto se
han tragado estas comisiones y grupos de trabajo. ¿Quiénes se han
beneficiado con las consultorías? ¿Y cuál es el nuevo modelo de
intervención que aplicarán en adelante? (Publicado en Correo Puno
Juliaca 13/12/18 Foto: Difusión)
