miércoles, agosto 26, 2020

Cifras maquilladas en Puno

 

Por: Hugo Supo

El titular de la Dirección Regional de Salud Puno, Walter Oporto Pérez, soltó algunos datos en una entrevista realizada por RPP que, más que aclarar el panorama de la pandemia, confunden y hasta siembran desconfianza. 

El funcionario anunció que el laboratorio biomolecular de Puno está procesando 70 pruebas diarias; es decir, que de pronto, en estas instalaciones habrían a empezado a trabajar al 100% de su capacidad. Difícil de creer, con los antecedentes que conocemos. 

Recordemos que el jefe del laboratorio, Freddy Condori Yujra, declaró -el 9 de julio- que la máxima capacidad que habían alcanzado era procesar 24 hisopados al día. Lo de las 70 muestras diarias no pasó de ser un anuncio entusiasta del gobernador Agustín Luque. 

Dice el médico, que se han aplicado más de dos mil pruebas moleculares, obteniendo 367 positivos (hasta el 24 de agosto). El promedio diario sería entre 7 a 9 infectados. 

Esta cifra fuera real si la pandemia tendría presencia en Puno durante los últimos 40 días, pero el primer caso se registró en abril. De manera que las declaraciones del médico Oporto Pérez se acercan a un comportamiento mitómano ante la opinión pública nacional.

En realidad, si el laboratorio procesara esas 70 muestras diarias, a la fecha tendríamos que estar acercándonos a los cuatro mil hisopados ya procesados desde el 22 de junio, cuando se puso a funcionar el centro biomolecular. 

¿Cuál es la necesidad de maquillar las cifras? Se requiere invertir más de seis millones de soles para ampliar la capacidad del laboratorio, responsabilidad que recae en el gobernador puneño y sus funcionarios.

Y si así están maquillando el trabajo del laboratorio biomolecular, ¿qué otras cifras no están sinceradas, dignas autoridades?, ¿Por qué mienten al pueblo? (Correo Puno Juliaca 27/08/20 Foto: Difusión)

jueves, agosto 20, 2020

Consejeros y vicegobernador

 

Por: Hugo Supo

Ya existe antecedente de un consejero regional que ascendió al Ejecutivo para convertirse en presidente del Gobierno Regional de Puno, así llamado en aquellos años.

Ocurrió en la gestión de David Jiménez Sardón, en medio de la beligerancia política que desencadenó la orden de captura que el Poder Judicial dictó en contra de la entonces autoridad, acusada de malversación de 20 millones de soles de emergencia regional.

El elegido, en una anecdótica madrugada, fue Juan José Vega Quispe (Sandia), integrante del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aimara (MARQA); o sea, del mismo grupo del prófugo Jiménez Sardón.

Aunque en la práctica Vega Quispe no hizo acciones de gobierno, su elección sirvió para arrinconar a la entonces vicepresidenta Sonia Frisancho, quien fue suspendida en la misma sesión de gallos y media noche. No sirvió para mucho, ya que Jiménez volvió a los días y culminó su periodo.

Quince años después, en medio del azote del SARS-cov-2, el Consejo Regional de Puno también opta por la toma de poder para reemplazar, ahora, al cuestionado Agustín Luque Chaiña, cuya titularidad en el cargo de gobernador, dicho sea de paso, tampoco es segura, puesto que depende del juicio de Walter Aduviri Calisaya.

Los consejeros justifican este camino con la incapacidad de Luque Chaiña para afrontar la pandemia. Intrínsecamente, prometen que el elegido tomará el toro por las astas.

Pero, cuidado, que esto no es coyuntural, la atomización del poder en el GORE se empezó a vivir apenas iniciaba la gestión de Aduviri.

Es evidente que allí ha pesado más los intereses de grupo, que construir un proyecto político y de desarrollo para la región. Son, pues, los miembros de la misma coalición diciéndose la vela verde.

Para ser sinceros, el ascenso de un consejero a cargo de vicegobernador, eventualmente al de gobernador, poco podría ayudar en esta circunstancia. Solo se provocaría mayor división y crisis política. La historia no los dice.

¿No es mejor llamar al Consejo de Coordinación Regional (Art. 11 de la Ley N° 27867) para activar nuevos liderazgos de consenso? (Correo Puno Juliaca 20/08/20 Foto: Onda Azul)



jueves, agosto 13, 2020

Negligentes

 

Por: Hugo Supo 

Para que las autoridades no argumenten que el cargamontón de críticas es a causa de la próximidad de las elecciones y paparruchas similares, vamos a revisar desde cuándo se les advirtió lo que debían de trabajar y no lo hicieron.
La Contraloría General de la República acaba de resumir seis casos emblemáticos de sus acciones de control realizadas de la región Puno.
Dos de ellas se refieren a la falta de capacidad en los hospitales de Puno y San Román.
Por ejemplo, en el control realizado entre el 23 al 27 de abril se advirtieron siete hechos adversos relacionados a la capacidad de respuesta del hospital Manuel Núñez Butrón ante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
“Aún no presentan plan de acción para la implementación de las acciones preventivas o correctivas”, decía el órgano contralor en el informe emitido el 30 de abril.
En similar fecha, también se hizo control simultáneo en el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca.
Allí “se advirtieron ocho hechos adversos respecto a la capacidad de respuesta del hospital ante la presencia de casos COVID-19”.
Tampoco se tuvo un plan de respuesta hasta entonces, pese a que la emergencia sanitaria se declaró desde inicios de marzo.¿Qué podrían decir las autoridades a su favor frente a esta incapacidad?
Es claro que han dejado pasar hasta cinco meses (algunos recién han empezado a trabajar en agosto) para decir esta boca es mía.
Aún así, ni siquiera hay mea culpas, solo la seguidilla de muertes y dolor en las familias altiplánicas.
Y no hablamos solamente de las autoridades subnacionales, también las del Gobierno central que ahora quieren figurar de salvadores.
Ninguna negligencia debe quedar impune, que la historia lo tenga anotado. (Correo Puno Juliaca 13/08/20 Foto:Difusión)

miércoles, agosto 12, 2020

Reconectar la universidad (*)

Por: Hugo Supo

Media docena de años han transcurrido desde la promulgación de la Ley Nº 30220, la Nueva Ley Universitaria, que categorizó a la universidad peruana como la institución “fundamental del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura” (Art. 1). Al menos en intenciones, el nuevo marco legal procura reconectar la universidad con la realidad nacional, del cual estuvo divorciada por mucho tiempo, escudándose en la caduca “autonomía universitaria”.

Pues bien, más de un quinquenio es suficiente para dirigir nuestra mirada a esta institución y ver sus aportes en el sentido que la ley manda; es decir, aportes al desarrollo nacional, la investigación y la cultura. 

Aunque particularmente en Puno, los problemas de hace cinco años siguen siendo los mismos y en algunos casos más agudos que antes.

Ejemplos sobran: contaminación ambiental, corrupción, ausencia de inversión, economía informal, descapitalización del campo, escasez de agua, energía con alto costo, ausencia de industria, violencia familiar, etcétera.

Entonces, la institución universitaria todavía no parece ser el tránsito a la solución de dichos problemas; por ahora, sus autoridades están concentradas en asuntos internos de acreditación y/o licenciamiento, que no es otra cosa que la formalización de su funcionamiento bajo mínimos requisitos.

¿Cuándo-entonces- la universidad empezará a liderar el desarrollo de la sociedad? Cuando sus integrantes comprendan la trascendencia de esta institución y la encaminen hacia esos senderos.

Cuando se entienda la importancia de pasar de una universidad de modelo napoleónico-español (la universidad que forma trabajadores) al paradigma alemán (la universidad como una corporación al servicio de la ciencia, que no se limita a un mero canal de transmisión de conocimientos, sino un motor que hace avanzar la ciencia).

El cambio de paradigmas implicará no solo acreditaciones o licenciamientos, sino currículas acordes a las necesidades de la sociedad actual. Requerimos institucionalizar la investigación desde el primer día de clases, hasta convertirla en el alma universitaria.

El estudiante debería de aprender participando en las investigaciones planteadas por otros estudiantes, catedráticos y la misma sociedad. No más pasividad educativa.

A ello debieran sumarse nuevos pensamientos epistémicos que revaloren lo profundo de nuestras culturas, nuevas metodologías para hacer ciencia y nuevos investigadores a quienes inquiete la compleja realidad local y universal.

Otra barrera a romper son las investigaciones unidisciplinarias, ahora que entendemos la complejidad de los problemas, estos no pueden estar reducidos a una sola mirada. Las multidisciplinariedad ya es una política universitaria en otras partes del mundo.

A todo esto, a los gobiernos locales y regionales les toca invertir en nuestra ciencia, que el canon minero sea dirigido a financiar investigaciones e investigadores.

Pero no solo se trata de redirigir los presupuestos, sino plantear la problemática que genere nuevas betas de investigación, ya sea en ciencias puras, aplicadas o sociales.

Qué bien caería, por poner un ejemplo, que el Gobierno Regional en alianza con las universidades licenciadas convoque a los investigadores locales planteando sus principales problemas, que además ya están identificados en los diagnósticos del Plan de Desarrollo Concertado y otros instrumentos de gestión. Allí hay grandes oportunidades para la ciencia y el desarrollo de nuestra sociedad.

La creciente contaminación ambiental encontrará soluciones cuando los universitarios nos muestren las causas y nos encaminen a propuestas viables de sostenibilidad. Ninguna fórmula importada podría calzar mejor.

La medicina tradicional es un gran reto para los médicos y estudiosos de la biología. Ni siquiera hay que empezar de cero, basta con hacer un recorrido por las comunidades y registrar los saberes previos, que serán el insumo principal para generar modos de vida saludable.

Y si se trata de recursos minerales, la próxima meta de la universidad tendría que ser generar fórmulas para industrializar el litio de Macusani y otras riquezas que yacen bajo los suelos. Veamos a Bolivia, que neutralizados a falta de patentes, tuvo que generar un Instituto del Litio en Potosí.

Incluso la investigación debería tener una tesis respecto a la dinámica social y de gobierno en la comunidad campesina, a propósito de que esta es nuestra raíz cultural. Saber, en base a ello, si es realmente posible insertar políticas comunales en el Estado moderno o se trata de puro cuento reinvindicativo.

En fin, hay tanto temas como potenciales investigadores en esta parte del país. No escribimos por intuición, sino porque así se plantea en la Visión a 2021 del Gobierno Regional de Puno, donde, parafraseamos, que hemos afirmado identidad y nos desarrollamos en interculturalidad, que manejamos sosteniblemente los recursos, que accedemos a la ciencia, generamos economía y nuestra administración es moderna, transparente y democrática.

Que la universidad peruana (puneña en particular) sea verdaderamente el faro que guie el proceso refundacionista del Perú, tan necesario y trascendente que la historia lo sabrá reconocer.

(*) Colaboración para la revista Xullaca de la UNAJ, julio-setiembre de 2020