Por: Hugo Supo
Varias reflexiones nos deja lo
acontecido en Huancané, a propósito de que tenientes gobernadores
dieron tres azotes simbólicos al primer regidor Julián Huancoyllo
en la huelga que protagonizaron las autoridades en contra de la
gestión del alcalde Arturo Álvarez Mendoza.
Una primera es el evidente conflicto
que se ha generado entre la comunidad (representada por los
tenientes) y el gobierno subnacional (municipalidad), porque los
intereses de ambos son distantes.
Mientras el gobierno local se empecina
en obtener un préstamo para proyectos de infraestructura como el
terminal terrestre de Cojata, las comunidades piden atención
primaria a la persona, salud, agua, saneamiento, etcétera.
El paro de los tenientes ha sido
consecuencia de tal desentendimiento. Ahora han dado dos meses de
plazo para corregir.
Por otro lado, en Huancané -una
sociedad eminentemente rural- el peso social lo sigue teniendo la
comunidad campesina, como tal, los tenientes gozan de legitimidad y
son capaces de asumir poderes paralelos a los del Estado moderno.
Un ejemplo es la sanción ejercida
contra el regidor Huancoyllo. Ha sido rápida y efectiva, en el Poder
Judicial habría sido una mecedora.
Quienes conocemos la comunidad, sabemos
que esta es una acción constante, parte de la institucionalidad
comunal y para casi todo tipo de conflicto.
Hay que ser miopes para no observar
esta situación y necios para intentar desacreditar a las
autoridades.
Un aspecto final, es cómo los
tenientes han asumido un rol regulador de un tema muy sensible en la
sociedad actual: la difamación en redes sociales.
En marzo de este año, el congresista
de Fuerza Popular, Carlos Dominguez, presentó el Proyecto de Ley N°
3990/2018-CR, que busca modificar el artículo 132 del Código del
Código Penal, que regula la difamación, este proyecto amplía el
delito y la especifica para las redes sociales.
Más allá del destino del proyecto
(algunos piensan que se debería de archivar porque ya existe
jurisprudencia), los tenientes han tomado el toro por las astas para
evitar que su imagen sea mellada. No es un llamado a responder con
violencia ante la difamación, pero sí que el sistema judicial y el
resto de la ciudadanía asuma con responsabilidad la urgente
regulación a lo que se dice en internet.
(Correo Puno Juliaca 13/06/19 Foto:
Difusión)
