Por: Hugo Supo
Genial que el presidente Kuczynski se
haya animado por la denominada “muerte civil” para los corruptos.
Aunque hubiera sido mejor que la iniciativa naciera en aguas
tranquilas, no como ahora, que es hija de la tempestad dejada por la
revelación del “negociazo” del exasesor presidencial Carlos
Moreno.
De todos modos, es buena noticia saber
que los corruptos pasarán a peor vida en cuanto se empiece a aplicar
este reciclado remedio.
Pero no nos emocionemos tan pronto,
cavilemos; vamos por partes y a cucharadas.
Supongamos que esta semana sale el
Decreto Legislativo que pone en vigencia la muerte civil, ¿en cuánto
tiempo podremos decir los peruanos: que en paz descanse y de Dios
goce señor Moreno?
Es decir, más allá de la opinión
pública y para efectos legales, ¿cuándo se le puede llamar
corrupto a un corrupto en el Perú?
Según una publicación de RPP, en
2015, el Poder Judicial impuso más de 13 mil sentencias por
corrupción en nuestro país.
Los delitos más se cometieron fueron:
cohecho (una de sus modalidades es el soborno) con 7272 sentencias
condenatorias; colusión con 3791 sentencias; malversación de fondos
con 2745; peculado con 2658; y concusión con 959 sentencias.
No obstante, los procesos por
corrupción recién investigados en el Ministerio Público y el Poder
Judicial se multiplican una barbaridad.
Muchos casos no llegan a sentencia y
otros, en el colmo de la situación, simplemente juegan al cansancio
hasta que el delito desaparece como arte de magia; esto último pasó
con la malversación de los 20 millones de soles de fondos de
emergencia destinados a Puno en 2003 (caso David Jiménez).
Sin el ánimo de fregar la entusiasta
lucha anticorrupción de coyuntura, en nuestro país habría que
apuntar más bien a que el Poder Judicial, ahora manejado por
abogados cuadriculados, sentencie con rapidez, haga cumplir sus penas
y no nos pasemos la vida llamando “presunto corrupto” a los
corruptos. (Correo Puno Juliaca 20/10/16 Foto: Difusión)
