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jueves, septiembre 13, 2018

¿Y la empresa privada?


Por: Hugo Supo

Por pose electoral, ignorancia o incapacidad estadista, los candidatos que postulan al Gobierno Regional de Puno se ubican en la vereda de enfrente cuando de inversión privada, y el rol que debería cumplir esta en el desarrollo puneño, se refiere.
Imitan en esa miopía al actual gobernador Juan Luque, quien copió en lo mismo a su antecesor Mauricio Rodríguez, quien a su vez heredó lo propio de Hernán Fuentes y este de David Jiménez Sardón.
Es decir que las autoridades no enfocan entre sus aliados a las empresas que operan o que están a punto de hacerlo. Los resultados son, pues, desastrosos para el pueblo: mayor conflicto entre comunidad y empresa, ausencia del Estado, clientelismo, pobreza, etcétera.
Pongamos un par de ejemplos:
El año pasado, a vista y paciencia del gobierno de Luque, empezaron los trabajos para la construcción de la hidroeléctrica San Gabán III a cargo de la china Hydro Global en la provincia de Carabaya; solo los ronderos campesinos locales se pararon para exigir que el beneficio sea concreto para el distrito de San Gabán.
La canadiense Corani está a poco de iniciar operaciones de explotación polimetálica en la Cordillera de Carabaya. ¿Sabe alguien sobre el beneficio que dejará esta minera para la región? Y no estamos hablando de impuestos o el canon, sino de verdaderos proyectos de impacto regional.
Ahora mismo, los candidatos al GORE Puno se llenan la boca prometiendo maravillas y hasta imposibles ante los electores.
La mayoría apela a su capacidad de gestión para lograr presupuestos para hacer obras, pero ello no es otra cosa que seguir rogando ante el centralismo, no es otra cosa que más alcaldes y gobernadores viajeros, no es otra cosa que demagogia amables lectores.
Es una pena que no se aproveche a la empresa privada, como sí lo hacen los vecinos de Moquegua, Tacna o Arequipa. (Publicado en Correo Puno Juliaca 13/09/18 Foto: Difusión)

jueves, diciembre 14, 2017

En la eventual “Gestión Aduviri”

Por: Hugo Supo

Supongamos que la Sala Penal de Apelaciones que ve el caso “Aimarazo” declare la nulidad de dicho juicio y disponga su reinicio. 
Entonces, amparado en la presunción de inocencia, el exdirigente Walter Aduviri Calisaya podría postular al cargo de gobernador regional en las próximas elecciones.
Como Aduviri ha ganado popularidad con su caudillismo, tiene prometedoras posibilidades de llegar a segunda vuelta y, luego, dependiendo del rival, podría también tener mejor suerte que en 2014 cuando perdió frente a Juan Luque Mamani.
En concreto, el contador Walter Aduviri podría, efectivamente, ser el próximo gobernante de este departamento como lo están ambicionando sus seguidores.
Sin embargo, es necesario ver el contexto particular en el que Aduviri podría desempeñarse si logra la elección del año 2018. Identificamos dos factores importantes que, en una eventual gestión, serán debilidad para este personaje.
El primero es el mismo juicio del “Aimarazo” que si no se termina este año, tiene grandes posibilidades de extenderse algunos años más.
Y el segundo, es la millonaria multa de más de 30 millones de dólares que el Estado peruano debe pagar a la canadiense Bear Creek Mining y que será achacado a Aduviri y compañía.
Si el proceso judicial del “Aimarazo” se extiende, Aduviri estará permanentemente bajo la sombra de los fiscales y jueces, que incluso podrían mandarlo a la cárcel en cualquier momento (recordemos la crisis que provocó la orden de captura de David Jiménez hace más de una década).
Y el siempre tacaño MEF responsabilizará a Aduviri por la multa a los canadienses cada vez que este exija presupuestos mejores para la región.
Eso significa que estará atado a condicionamientos y las actitudes contestatarias suelen ayudar poco en estos casos. 
De manera que quienes se ilusionan con Aduviri, están, efectivamente, ilusionados. Cabeza fría para decidir damas y caballeros. (Correo Puno Juliaca 14/12/17 Foto: Difusión)


jueves, marzo 02, 2017

Este momento de la historia

Por: Hugo Supo

Cuando el ilaveño Gregorio TiconaGómez llegó a gobernar la capital regional, a finales del siglo pasado e inicios del presente, marcó un hito trascendental para la historia política del Altiplano peruano.
Por primera vez, un hijo de campesinos, cobrizo como la mayoría de nosotros, había llegado al poder y hecho lo que el “misti” no hacía desde hace tiempo: encender la política local para pasar de elecciones exitosas en una provincia periférica (El Collao), para asentarse en el conservador pueblo de Puno y, luego, representar al departamento en el Congreso de la República.
Más allá del triste final que le tocó a Ticona por ceder ante la red corrupta del fujimorato, en definitiva su despertar político ha sido el punto de quiebre visible para el viraje de la región.
Después de esa experiencia, los días de los políticos tradicionales (herederos de apellidos, linaje y haciendas) estuvieron contados. Quizás David Jiménez Sardón fue el último de dicha casta que tuvo el honor de gobernar esta parte del Ande.
Y las actuales autoridades son producto de dicho proceso. Juan Luque es el más típico representante del progresismo juliaqueño, pasa lo mismo con el hoy vapuleado Oswaldo Marín o con el profesor acoreño Iván Flores en la capital puneña.
Echemos una mirada a nuestro alrededor y comprobaremos que los hijos de campesinos finalmente han tomado y compiten por el poder local.
¿Que no saben gobernar?, ¿que lo están haciendo peor?, ¿que están para llorar? Pueder ser. Pero ¿estamos comprendiendo realmente el momento histórico que vivimos?
Puede que esta punta de lanza tenga muchos errores, por eso rogamos para que los próximos políticos en acción -también hijos de campesinos- se preparen, estudien, triunfen en lo suyo, que entiendan que la política es para servir y no para servirse, que sepan es posible ser mejores. (Correo Puno Juliaca 02/03/17 Foto: Difusión)


jueves, octubre 20, 2016

Muerte civil para corruptos

Por: Hugo Supo

Genial que el presidente Kuczynski se haya animado por la denominada “muerte civil” para los corruptos. Aunque hubiera sido mejor que la iniciativa naciera en aguas tranquilas, no como ahora, que es hija de la tempestad dejada por la revelación del “negociazo” del exasesor presidencial Carlos Moreno.
De todos modos, es buena noticia saber que los corruptos pasarán a peor vida en cuanto se empiece a aplicar este reciclado remedio.
Pero no nos emocionemos tan pronto, cavilemos; vamos por partes y a cucharadas.
Supongamos que esta semana sale el Decreto Legislativo que pone en vigencia la muerte civil, ¿en cuánto tiempo podremos decir los peruanos: que en paz descanse y de Dios goce señor Moreno?
Es decir, más allá de la opinión pública y para efectos legales, ¿cuándo se le puede llamar corrupto a un corrupto en el Perú?
Según una publicación de RPP, en 2015, el Poder Judicial impuso más de 13 mil sentencias por corrupción en nuestro país.
Los delitos más se cometieron fueron: cohecho (una de sus modalidades es el soborno) con 7272 sentencias condenatorias; colusión con 3791 sentencias; malversación de fondos con 2745; peculado con 2658; y concusión con 959 sentencias.
No obstante, los procesos por corrupción recién investigados en el Ministerio Público y el Poder Judicial se multiplican una barbaridad.
Muchos casos no llegan a sentencia y otros, en el colmo de la situación, simplemente juegan al cansancio hasta que el delito desaparece como arte de magia; esto último pasó con la malversación de los 20 millones de soles de fondos de emergencia destinados a Puno en 2003 (caso David Jiménez).
Sin el ánimo de fregar la entusiasta lucha anticorrupción de coyuntura, en nuestro país habría que apuntar más bien a que el Poder Judicial, ahora manejado por abogados cuadriculados, sentencie con rapidez, haga cumplir sus penas y no nos pasemos la vida llamando “presunto corrupto” a los corruptos. (Correo Puno Juliaca 20/10/16 Foto: Difusión)