Por: Hugo Supo
El Congreso de
la República ha promulgado -por insistencia- la Ley 31018 con la que
anula el cobro del 100% de peajes durante el incierto periodo que
dure la emergencia nacional.
Tengamos en cuenta que, actualmente,
el Perú tiene tres modelos de peaje: los gestionados por Provías
Nacional, los cofinanciados (participación del Estado y privado) y
los autosostenidos (enteramente privados).
Antes de esta promulgación, los peajes
de Provías y los del modelo cofinanciado ya habían suspendido los
cobros, pues tienen subsidio garantizado; solo quedaban pendientes
los 22 puestos concesionados a privados.
El problema aquí se llama
“transitabilidad”, que es un servicio que el Estado debe
garantizar, aún más, en tiempos de emergencia.
¿Qué ocurre si por accidentes
causados por humanos o la naturaleza se interrumpe alguna carretera?,
¿Quién hará que esa vía vuelva a ser transitable?
Los contratos con los concesionarios
dicen que la transitabilidad está a cargo de las empresas, es más,
hay montos fijos anuales destinados para el mantenimiento, este fondo
se recolecta con los peajes y en caso no alcanzar las metas mínimas,
es el Estado peruano que subsidia los costos.
La Ley del Congreso
no toca estos contratos, ergo, el Estado pagará el mantenimiento y
transitabilidad.
El MEF ha calcuado en 700 millones de
soles un primer desembolso del bolsillo de los peruanos. ¿Quiénes
están usando las carreteras en este momento? Principalmente, el
transporte pesado dedicado a minería, combustible o alimentos,
actividades que no han paralizado con el Estado de Emergencia, es
decir, siguen teniendo utilidades.
¿Por qué el pueblo, obligado a la
inmovilización, debería subsidiar a un pequeño sector empresarial
cuyas actividades no han sido interrumpidas? Que los que usan las
vías paguen los peajes, no el pueblo caminante. (Correo Puno Juliaca
14/05/20 Foto: Difusión)
