Por: Hugo Supo
Los brotes de violencia en los
conflictos antimineros del Perú tienen diversas motivaciones, pero
una que recorre homogéneamente en todas las poblaciones donde hay
controversia es el asunto de la rentabilidad.
En el modelo peruano el boom minero
está beneficiando sobre todo al empresario, pues el estado no ha
sabido intermediar o administrar para que los impuestos que dejan las
empresas lleguen a sentirse a nivel del pueblo.
En consecuencia, la gente no puede
visualizar ningún beneficio directo ni indirecto de la minería, a
no ser que esta sea informal, como en el caso de Ananea, La Rinconada
o la cabecera de la cuenca Suches en Puno, que tiene impacto directo
en la economía de Juliaca.
Lo que pasa con Tía María, que parece
estar embalsamado por 60 días más, no es aislado a lo que ocurre
desde cierto tiempo en el país, y seguirá sucediendo si no hacemos
algo.
Recordemos que los puneños ya hemos
vivido el antiminerismo con el suspendido proyecto Santa Ana en el
año 2011. Y Ollanta Humala recibió cadáveres a los proyectos Conga
y Tía María que ya estaban cuestionados en el Alanato más
reciente.
Es poco útil que el Gobierno intente
explicar de ahuyentar inversiones, de la crisis económica que está
por golpearnos o políticas de Estado que podrían venirse abajo en
caso triunfen, en cada trifulca, los de la moda “anti”.
Y de nada sirven, en las actuales
condiciones, que organizaciones y personalidades llamen al diálogo,
pues en nuestro país hay una doble y hasta triple agenda que no
están interesadas en sentarse a platicar sobre sus diferencias.
Lo que aquí corresponde es que el
Gobierno tome decisiones históricas. Imaginemos que Humala o el
próximo gobierno reivindiquen la “indivisibilidad de la propiedad
de la tierra”, es decir que el Estado renuncie a la propiedad del
subsuelo para darle esa potestad al ciudadano.
¿Cuántos conflictos estaríamos
cortando de raíz si así fuera? Alguien debe tomar el toro por las
astas. Ya es el momento. (Correo Puno 18/05/15 Foto: Internet)
