Por: Hugo Supo
Ahora que la campaña electoral ha
empezado con fuerza, se hace necesario que los candidatos y/o
agrupaciones políticas presenten -por transparencia- un informe a la
ciudadanía sobre el financiamiento que están recibiendo para esta
coyuntura.
Y no se trata de ese papeleo que llevan
a la ONPE tras la faena electoral, sino de un acto decente, una
acción pública que nos permita escrutar y saber de dónde vienen
esos tentáculos del poder económico y qué intereses juegan en este
partido.
El tema también debe ser una exigencia
constante desde los medios de comunicación, solo así podremos tomar
una decisión correcta el 5 de octubre.
Y no anotamos el ítem del
financiamiento aquí por mera casualidad, sino porque el ocultar esta
verdad podría acarrearnos problemas de gobernabilidad postelecciones
2014.
En el Congreso de la República se
acaba de presentar un proyecto de Ley que pretende modificar el
artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N°
27867) y el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley
N° 27972).
El asunto es concreto; con estas
modificatorias se procedería a incorporar un motivo más para
declarar la vacancia de un presidente regional, vicepresidente,
consejero o regidor. La propuesta plantea vacar a aquellas
autoridades electas por votación popular que enaltezcan,
promocionen, justifiquen, financien o hayan recibido financiamiento
de personas condenadas por narcotráfico, lavado de activos, minería
ilegal, grupos terroristas o de agrupaciones vinculados a estos.
El Parlamento tendría que darle mayor
énfasis a esta discusión, de manara que tengamos aprobada la norma
y ejecutable desde este mismo año. ¿Algunos candidatos ya tiemblan
no? Razones han de tener. (Publicado en Correo Puno 23/06/14 Foto: Internet)