Por: Hugo Supo
Las noticias sobre la red de corrupción
que se ha tejido desde el narcotráfico en la región Puno nos
demuestran una vez más el trascendental rol del periodismo para
apoyar el fortalecimiento institucional y la lucha contra las mafias
cuando el Estado está atrapado dentro del monstruo.
Con indignación nos hemos enterado del
cómo un grupo de personas, ahora apodadas “narcopolicías”, se
han dedicado a trabajar relaciones corruptas en entidades como la
Policía, Poder Judicial, Congreso de la República y suponemos que
en otros lados también. Este no es un caso aislado y, según se ha
visto, solamente es la punta de un gran iceberg que queda por
derrumbar.
Y como en tantos otros episodios, la
prensa y la opinión pública resultan al final el único escenario
donde pueda exponerse lo malo que está ocurriendo en las entidades
que se supone deberían garantizarnos el cumplimiento de la ley.
Con una Policía cuestionada, el Poder
Judicial inmoral, Ministerio Público débil e inexperto y hasta el
siempre escandaloso poder político financiado desde las mafias, es
el terreno de la opinión pública a donde hay que llevar la pelea.
Por poner un ejemplo, algunas
autoridades de Poder Judicial nos han demostrado que están en
incapacidad moral para administrar justicia, razón por la que ahora
deben de someterse a la transparencia de sus actos y decisiones.
No obstante, precisamente porque se
trata de una organización mafiosa, los periodistas también somos
vulnerables a sufrir amedrentamientos, nada raro sería entonces que
en los próximos días empiecen las amenazas como lo están haciendo
con algunos fiscales.
Ocurrirá seguramente, especialmente
cuando los traficantes hayan sentido llegar su Waterloo, pero por eso
mismo se hace necesario que la agenda común tenga fijación en este
tema.
Ojo que estamos hablando del
narcotráfico, el poder detrás del llamado crimen organizado que
está especialmente interesado en la descomposición social
paulatina. Poca cosa no es. El orden social establecido se encuentra
en jaque, pues sus influencias han trascendido hasta escalones
inimaginables.
Por eso esta lucha requiere de
intervención sociocomunitaria y gubernamental vigilada. Una tarea
pendiente de toda la prensa, pero con iniciales trabajos que es
necesario valorar y respaldar desde la opinión pública.
Los audios y documentos que están en
manos de los magistrados y la policía deben guiarnos para en
principio desmoronar esa organización infiltrada en casi todo lado,
será el inicio de un largo proceso para evitar que el sur del Perú
se convierta en zonas invivibles como México, donde la sociedad se
encuentra condicionada en sus modos de vida por la existencia de las
maras y su vínculo con el narcotráfico.
Las instituciones democráticas de
nuestro país no pueden más que dar ejemplo de firmeza para
investigar, sancionar y expulsar a quienes resulten inmiscuidos en
estas redes que -huelga decirlo- tanto daño nos hacen a todos. (Publicado en Correo Puno 17/06/13)