Por: Hugo Supo
El gobernador regional de Puno, Juan
Luque Mamani, ha pedido calma ante la ola de evidentes
irregularidades en la licitación pública N° 005-2017-CS/GRPUNO,
para el asfaltado de la carretera Dv. Desaguadero – Kelluyo –
Pisacoma.
“Aquí no hay favorecimientos a
nadie, porque la comisión especial es autónoma, ellos tienen que
resolver todos los puntos y observaciones que tiene”, dijo en
reciente comunicado de prensa.
Sin embargo, la lentitud con la que
reacciona la autoridad podría interpretarse con malicia y quedar
hasta como cómplice de una comisión de licitación que ha hecho un
trabajo pésimo a la hora de seleccionar al consorcio ejecutor del
proyecto vial.
Sobre todo si tenemos en cuenta que
estas denuncias vienen de hace semanas y harta agua ha corrido bajo
el puente desde entonces.
De manera que si el gobernador quiere
demostrar que no hay favorecimientos, tendría que prestar mayor
interés a las licitaciones que hace su personal de confianza.
No
basta con decirlo, hay que actuar también. Y actuar significa no
callar que en dicha licitación se han presentado varias empresas,
pero solo dos han pasado hasta la etapa final (consorcios Puno y
Chucuito); curiosamente estas empresas presentaron al mismo grupo de
ingenieros como parte de su staff, lo que ya dice mucho de sus
intenciones.
Asimismo, el ganador (consorcio Puno) no ha garantizado
tener la maquinaria correspondiente ni la solvencia económica
exigida en las bases de licitación.
Otros documentos expuestos en
diferentes ediciones del diario Correo evidencian que la comisión se
ha hecho de la vista gorda al calificar positivamente al consorcio
Puno sin cumplir con varios requisitos.
Y la cereza de la torta, ahora se sabe
que los ingenieros presentados para ejecutar dicha obra, habrían
adjuntado certificados laborales falsos. ¿Qué espera para anular la
licitación y acelerar uno nuevo para ejecutar la carretera lo más
antes posible, señor Luque?
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