Por: Hugo Supo
Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor
Calizaya Coila y Yesica Condori Chata, integrantes del Juzgado Penal
Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, pasarán a la
historia hoy, cualquiera sea su decisión en el juicio del Aimarazo.
Una posibilidad es que sentencien de
acuerdo a los precedentes jurídicos que valora el derecho a la
protesta ciudadana, considerando incluso la procedencia aimara de la
mayor parte de los procesados en este emblemático conflicto del
Altiplano peruano.
Podrían los señores jueces seguir la
línea por la que se ha inclinado la administración de la justicia
en esta parte del Perú; es decir, presentar argumentos de justicia
intercultural y la mirada al otro (en este caso al aimara).
Y podrían
deducir, ustedes amigos lectores, cuál sería la sentencia en esta
línea.
Otra posibilidad es que el colegiado
opte por condenar a los protestantes, para ello, los jueces tendrán
que valorar aún más la teoría presentada por el Ministerio Público
(delitos de extorsión y disturbios) y sobreponer asuntos de
tranquilidad pública sobre las quejas de los
pobladores rurales por asuntos socioambientales.
Claramente la sentencia a dictarse hoy
6 de julio de 2017 para el caso Aimarazo, significa dar respuesta a
una lucha de enfoques de justicia. ¿Qué vale más?, ¿el derecho de
los campesinos o de los citadinos?, ¿y cómo se aplicaría aquello
de que el derecho de uno se acaba donde empieza el del otro?, ¿quién
es el uno y quién el otro?
Entendidos en la materia nos dicen que
los argumentos jurídicos existen y son válidos para ambas
posibilidades, para absolución y condena. Suponemos entonces que la
decisión tiene que ver con la valoración personal de cada juez.
Y la sentencia no solamente es
trascendente por la significancia social del Aimarazo, sino porque la
sentencia afectará directamente al año electoral próximo.
Hoy es un día de decisiones difíciles,
estaremos atentos. (Correo Puno Juliaca 06/07/17 Foto: Difusión)
