Los otros licenciamientos

Por: Hugo Supo 

No es la primera vez que el Consejo Regional de Puno (2019-2022) mete sus narices donde no quepa.  

La reciente convocatoria para discutir la denegatoria de licenciamiento a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) es populismo del más barato.

Lo que hace es desprestigiar a los políticos locales, porque intromisiones como esta, demuestran desconocimiento de funciones y poco tino para mostrar gestos de solidaridad con los afectados (genera innecesaria expectativa).

Así ha sido también cuando declararon de interés regional y necesidad pública la importación del gas natural de Bolivia al altiplano peruano en el año 2019.

O sesiones efectistas como la vez que, escandalizados porque unos obreros del estadio Guillermo Briceño Rosamedina habían sacado parte del césped, prácticamente ordenaron la variación del expediente técnico de la obra, dejando de lado crisis ambientales como el cierre del sector Huanuyo (Juliaca), donde sí podían haber actuado.

Volviendo a la coyuntura universitaria, si el Consejo Regional quiere apoyar a la juventud puneña, sus integrantes debieran estar concentrados en reforzar las condiciones de los institutos tecnológicos, pedagógicos y colegios de Educación Básica Regular; todas están en camino al licenciamiento y necesitan ayuda efectiva para superar las vallas.

Y si de universidad se trata, nada impide al Gobierno Regional vincularse con entidades públicas y licenciadas para promover investigación en los temas que les compete (firmando convenios y transfiriendo presupuestos) y así contribuir a la mejora de las condiciones de estudiantes y catedráticos.  

Porque el cierre de las universidades en Puno, no solo afecta a los actuales estudiantes, sino, sobre todo, a la oferta educativa para las próximas generaciones y allí hay mucho trabajo por hacer. (Correo Puno Juliaca 12/03/20 Foto: Difusión)

La crisis (de los políticos también) está aquí

Por: Hugo Supo

El enfrentamiento surgido en el Consejo Regional de Puno en torno a la situación jurídica de Walter Aduviri Calisaya devela la pobreza institucional que tienen los movimientos políticos en esta parte del país.

No solo es el fujiaprismo, no solo la caviarada, las múltiples izquierdas o los centristas de aquí y acullá. La crisis nos carcome en todo lado.

Qué fácil ha desperdiciado el movimiento “Mi Casita” el inmenso capital político que había cosechado en las elecciones de 2018, cuando ganó contundentemente en primera vuelta para el Gobierno Regional, municipios provinciales y distritales. No ha pasado un año, y apenas quedan añicos de tal organización.

Los victoriosos de la campaña 2018 se disputan ahora parcelas de poder en el Consejo Regional, cada quien con su argumento, portátil y equipo de troles. Atrás queda la región prometida; hoy la cuestión es defender o atacar a Walter Aduviri.

Si este ha sido el equipo más organizado para la campaña regional, ¿cómo han estado los movimientos y partidos de los improvisados y camaleones que se atrevieron a postular el año pasado? Seguramente igual o peor.

Algo que debemos comprender es que los proyectos políticos nunca más pueden ser para cuatro, cinco años o para ganar las elecciones. Las organizaciones de corto plazo solo entorpecen nuestros caminos al desarrollo. Hay que volver a las ideologías, que allí están los largos plazos.

En consecuencia, también hay que descartar los caudillismos, es momento de rechazar a los partidos y movimientos con nombre propio, cuyo contrabando es el populismo. Aquí necesitamos organizaciones, no de enviados del “Tata Inti”.

Respecto al coyuntural teatro de los consejeros regionales, es necesario hacer un llamado a la cordura en nombre de la historia y el pueblo puneño, que sus decisiones los devuelvan a las bases, que los alejen de sus padrinos e inversores.

Nota: Solidaridad con Liubomir Fernández; no a la matonería de la PNP. (Correo Puno Juliaca 12/09/19 Foto: Difusión)

El caso Ccama-Quispe

Por: Hugo Supo

¿Por qué el peruano de a pie le tiene desconfianza a las instituciones?, Por casos como el siguiente: En las postrimerías de enero pasado, la Corte Superior de Justicia de Puno comunicó la confirmación de la sentencia dictada contra el excongresista fujimorista Francisco Ccama Layme y el actual consejero por Putina, Ángel Quispe Masco, por delitos ambientales (minería informal) cometidos en el distrito de Ananea, cabecera de la cuenca Ramis.

Tanto el Juzgado Mixto de la provincia de Huancané como la Sala de Apelaciones de la provincia de San Román encontraron indicios suficientes para decidir una condena de dos años con seis meses de pena privativa de libertad con carácter de suspendida para ambos. 

Y la sentencia no solo implica privación de libertad (que desde ya es un saludo a la bandera), sino una multa de 500 mil soles como reparación civil en favor del Estado, además -ojo con esto- de la inhabilitación para ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, cargos de representación de empresas mineras, e inclusive el de no poder requerir la asignación o titularidad de concesiones mineras y, obviamente, su incapacidad para ejercer función pública.

Aquí el asunto es que el juicio ya lleva varios años. Como los implicados encuentran cada excusa para no afrontar a la justicia y dilatar el proceso, la sentencia no alcanzó a Ccama Layme cuando ejercía labor congresal, pero sí atrapó a su socio Quispe Masco. 

Bien pues, si el Consejo Regional aplicara la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ya habría procedido a discutir minimamente la suspensión del consejero de Putina (al existir la posibilidad de nueva apelación, la vacancia es algo más complicado). 

Pero no. Quispe pretende demorar su inminente salida de la función pública y acaba de enviar una solicitud de licencia por 30 días ante sus colegas partidarios. No frieguen.

Esos son los resultados del excesivo garantismo que tiene nuestro sistemas de justicia y administrativo, paraíso para los que quieren pasarse de vivos. (Correo Puno Juliaca 09/02/17 Foto: Difusión)