Wancho Lima

Por: Hugo Supo

Desapercibido pasó el 16 de diciembre de 2018, fecha que debería figurar en la historia oficial de los pueblos altiplánicos (en 1923 fue la sublevación de Wancho Lima), pero este punto de la historia ha sido olvidado sistemáticamente por casi todos los sectores de la sociedad.

Pequeños grupos de literatos, ciudadanos enterados de la historia puneña, familiares de los mártires o vecinos de las comunidades aimaras de Huancané son los únicos que rememoran esta sublevación, intentando insertarla en el imaginario social de las nuevas generaciones. Es una pena, pero también es una realidad.

Poca gente conoce que allí en Wancho se había fundado la capital de una utópica República Aimara Tahuantinsuyana, cuyo presidente fue Carlos Condori, un indígena del ayllu Taurauta que decidió ser heredero histórico del antiguo guerrero Inti Condorena.

Se dice que el delegado indio viajó hasta Lima para entrevistarse con el entonces presidente Leguia, denunció ante él los abusos de los mistis y pidió autorización para edificar una sociedad indígena con escuelas, mercados y ciudades propias.

En suma, Condorena había pedido la oportunidad de conquistar ciudadanía en tierras que no les eran ajenas, en sus ayllus, con esfuerzo y sueños propios. 

Aparentemente, un populista Leguia (que se hacia llamar Wiracocha) dejó volar las ilusiones indigenistas a sabiendas que la respuesta de los hacendados iba a ser mortal para quien se atreviera a alterar el statuquo.

La venganza de las castas empoderadas ha sido cruel contra Condorena y los otros sublevados. Hubo matanza, saqueos, violaciones, persecución, cárcel y olvido hasta hoy.

Por eso debemos mantener viva la esperanza para que el gran mensaje histórico de Wancho Lima brote en las nuevas generaciones: necesitamos una patria para todos, una que no olvide a sus hijos, que nos hermane, nos integre ahora y con nuestro gran pasado. (Publicado en Correo Puno Juliaca 20/12/18 Foto: Difusión)

El fin de las mecedoras

Por: Hugo Supo

El Gobierno publicó el DS N° 120-2018-PCM, se trata de la norma que aprueba la extinción de comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas de diálogo del Poder Ejecutivo. En el anexo se publica 55 extinciones que implican a varios ministerios, los que -en teoría- han cumplido su vida útil o simplemente son innecesarios para la “modernización de la administración del Estado”.

Aunque ninguno corresponde a la región Puno (se supone que las que aquí funcionaron ya fueron cerradas en otros momentos) la norma da pie a reflexionar sobre la eficacia de estas estrategias para llegar a acuerdos entre Estado, ciudadanía y/o empresas.

Vale anotar que la Defensoría del Pueblo contabiliza mensualmente una veintena de conflictos en territorio puneño, pero ¿cuántos están siendo abordados en mesas de diálogo, grupos de trabajo, comisiones y similares?, ¿han servido de algo las mesas de diálogo?

Habría que preguntarle a los productores de la cuenca Llallimayo si la mesa allí instalada (y concluida en papeles) ha contribuido a solucionar el problema de la contaminación generada por la minería de Aruntani SAC.

O si la “Comisón Multisectorial Para la Preservación y Recuperación Ambiental del Lago Titicaca y sus Afluentes” ha sido determinante para avanzar con la descontaminación.

Por supuesto, son apenas un par de ejemplos de las intervenciones diseñadas desde el Gobierno central para solucionar álgidos problemas del país.

Pero dichas estrategias no han dejado soluciones concretas, sino expectativas y frustraciones, lo que acrecienta el conflcito y reclama una intervención más efectiva.

En tal sentido, la extinción de las mesas de diálogo y demás parece saludable. Lo que falta aclarar al gobierno del señor Martín Vizcarra, es cuánto de presupuesto se han tragado estas comisiones y grupos de trabajo. ¿Quiénes se han beneficiado con las consultorías? ¿Y cuál es el nuevo modelo de intervención que aplicarán en adelante? (Publicado en Correo Puno Juliaca 13/12/18 Foto: Difusión)

UNA: nombramiento que distorsiona

Por: Hugo Supo

Como está llevado, el concurso de cátedra para nombramiento en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) distorsiona el modelo universitario que la Ley Universitaria N°30220 propone; es decir que la aleja del ideal expresado en el primer artículo, principios y demás componentes de la citada norma.

Porque el Gobierno peruano ha prometido universidades capaces de liderar “el desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura”.

No hay manera de lograr ese liderazgo más que con calidad académica, espíritu crítico, de investigación, meritocracia, ética pública y profesional, entre otras prácticas principistas.

Las denuncias que se han propalado por los postulantes y el silencio sospechoso de la comisión del concurso, no hacen otra cosa que proyectar una imagen negativa de la primera casa superior de estudios (gente no apta que luego aparece como apta, conflictos de intereses en los diseñadores de prueba, familiares de políticos que meten la mano, etc.).

Algo que debemos observar necesariamente es la cuestionada flexibilización en la especialización de quienes aspiran a nombrarse como catedráticos.

Porque el mismo reglamento exigió primigeniamente la especialización de los docentes, esto suponía que los postulantes hayan seguido maestrías (y otros estudios) en materias que correspondían a las plazas que tientan.

No obstante, la misma universidad -mediante las autoridades de facultades- ha decidido incluir la palabrita “afines” para la calificación de los expedientes, lo que -como anotamos al principio- ha distorsionado todo el proceso de selección. La flexibilización le ha dado una patada a la reclamada meritocracia.

La excusa es que la misma UNA dicta maestrías en materias distintas a las áreas de la formación pregrado. ¿Cómo es, entonces, que se justifican programas de posgrado tan incoherentes con la misma realidad universitaria?

¿Y si el proceso no termina por anularse, en qué podrían contribuir docentes “afines” a la formación de profesionales competentes que tanto requiere el mercado laboral y el proceso refundacionista del país? (Foto: Universidad Nacional del Altiplano) 

Principios andinos

Por: Hugo Supo

El Perú pasa por un momento sombrío, con una élite dirigencial incapaz de responder al llamado de la sociedad que grita por el cambio y la justicia. Los paradigmas (izquiedas y derechas) han decepcionado y nadie parece confiar en nadie.

Es el momento, pues, de dar señales de luz, de proponer caminos a la regeneración de nuestros pueblos.

Es allí cuando reencontramos a lo andino como alternativa, el último censo ha sido contundente en Puno: 90% de la población se ha definido entre quechua o aimara (identidad), a eso hay que complementar con un proceso migracional que -seguros estamos- seguirá cambiando estructuras. ¿Y qué cosa es ser andino, principistamente hablando? He aquí cuatro principios:

Dualidad: para el hombre andino o amazónico es una premisa base de todo lo que existe, sin el otro no podríamos reconocernos o distinguirnos individual o colectivamente, tampoco podríamos identificar lo diverso. Tiene que haber dos para regenerar la vida, dos para dialogar y así.

Chacha – warmi: establece un inicio de vida en complementariedad, tiene que haber dos para regenerar la vida sea animal o vegetal; pero también se concibe como el uno del otro complementario como el día y la noche, somos complementos y no contrarios. La relacionalidad es básicamente la expresión del respeto, el pedir permiso (ch’alla) ante cualquier situación evidencia el respeto por el otro, sea una relación humana o no, el respeto a todo ser vivo y animado.

Complementariedad: es predisposición, de servicio, responsabilidad, de ser elemento complementario para consolidar el propósito, aquí se involucra los valores sistémicos.

Equilibrio: también llamada armonía, es un estado de convivencia equivalente y equitativa constante. El “vivir bien” propone establecer un modelo de vida sin alterar nuestro entorno de manera catastrófica, por el contrario adaptándonos al entorno y a la vida. (Correo Puno Juliaca 25/10/18 Foto: Difusión)

Problema y no fenómeno

Por: Hugo Supo

Las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para el Referéndum no atacan problemas de fondo; por tanto, tampoco son la solución a esta crisis moral que sufre el país.

Por ejemplo, ¿de qué sirve no reelegir a los congresistas si el sistema electoral carece de una adecuada filtración para evitar elegir al repetitivo mal menor o el arrastre?

Hay que recordar que está en vigencia la prohibición de reelección para alcaldes y gobernadores, pero eso no ha provocado que la corrupción disminuya ni el desempeño de las autoridades mejore.

Si la calidad de los políticos mejorara, tampoco sería trascendente el crecimiento del número de parlamentarios, puesto que la democracia funcionaria mejor, es decir orientado a los intereses del pueblo, no como ahora que resultaron “bandas delincuenciales”.

En cuanto a legislación, sería conveniente avanzar en otorgar mayores facultades al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que fiscalice el proceso de conformación de organizaciones políticas y las elecciones internas.

En el modelo actual, el organismo electoral apenas participa desde el momento de inscripción de candidatos, es decir cuando el burro ya está muerto.

La verdad es que las organizaciones políticas no funcionan, si lo hacen es cuando se acerca un proceso electoral y solo para servir a los intereses del dueño o los financistas.

Esa realidad espanta a cualquier joven o cuadro nuevo que pretenda incursionar a la vida política del país, generándose un círculo vicioso a favor de caudillismos y populismos, muy lejos de la institucionalidad correcta.

La única garantía de que una democracia representativa funcione es apuntar al sistema de partidos políticos. Lo que está haciendo el Presidente es atacar al fenómeno (reelección), no al problema; lo que, dicho sea de paso, también es populismo. (Correo Puno Juliaca 18/10/18 Foto: Difusión)