Por: Hugo Supo
En el epílogo del sonado juicio del
Aimarazo, el Ministerio Público ha decidido retirar su acusación
contra 8 de los 18 procesados por presuntamente cometer delitos
contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión, en su forma de
extorsión agravada y alternativamente por la comisión del delito
contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra los
medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en
su forma de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Quienes están fuera del juicio son:
Francisca Sarmiento Choque, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza, Marco
Antonio Ururi Musaja, Edwin Condori Chipana, Emilio Paredes Pari,
Guido Velez Carita y Pablo Salas Charca.
La Fiscalía ha admitido no haber
encontrado medios probatorios suficientes para pedir una sentencia
condenatoria contra los mencionados. ¡Seis años y no se ha
encontrado las pruebas!
Recordemos que el proceso había empezado con
más de 40 implicados, luego fueron bajando hasta llegar a los 18 de
la parte final.
Quiere decir que el Ministerio Público
no ha estado trabajando bien en el camino de encontrar justicia.
En primer lugar, porque un fiscal no
puede enjuiciarte por tantos años, para al final decir que no ha
hallado pruebas en contra tuya.
Eso da pie a una gran victimización y
hasta una millonaria demanda contra el Estado, de la cual Walter
Aduviri ya habló hace días.
En segundo lugar, el fiscal no ha
estado enfocado en encontrar a los verdaderos responsables del
vandalismo y saqueo de instituciones que se registraron durante las
protestas antimineras.
Esta columna se escribe a la espera de
la sentencia del caso Aimarazo, es posible una condena contra los 10
restantes, pero ¿acaso la Fiscalía -con las debilidades que estamos
viendo- puede garantizar que su tesis y pruebas serán irrefutables
en segunda instancia? (Correo Puno Juliaca 29/06/17 Foto: Difusión)
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