Aimarazo: un fiscal sin pruebas

Por: Hugo Supo

En el epílogo del sonado juicio del Aimarazo, el Ministerio Público ha decidido retirar su acusación contra 8 de los 18 procesados por presuntamente cometer delitos contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión, en su forma de extorsión agravada y alternativamente por la comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en su forma de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Quienes están fuera del juicio son: Francisca Sarmiento Choque, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza, Marco Antonio Ururi Musaja, Edwin Condori Chipana, Emilio Paredes Pari, Guido Velez Carita y Pablo Salas Charca.

La Fiscalía ha admitido no haber encontrado medios probatorios suficientes para pedir una sentencia condenatoria contra los mencionados. ¡Seis años y no se ha encontrado las pruebas! 

Recordemos que el proceso había empezado con más de 40 implicados, luego fueron bajando hasta llegar a los 18 de la parte final.

Quiere decir que el Ministerio Público no ha estado trabajando bien en el camino de encontrar justicia.

En primer lugar, porque un fiscal no puede enjuiciarte por tantos años, para al final decir que no ha hallado pruebas en contra tuya.

Eso da pie a una gran victimización y hasta una millonaria demanda contra el Estado, de la cual Walter Aduviri ya habló hace días.

En segundo lugar, el fiscal no ha estado enfocado en encontrar a los verdaderos responsables del vandalismo y saqueo de instituciones que se registraron durante las protestas antimineras.

Esta columna se escribe a la espera de la sentencia del caso Aimarazo, es posible una condena contra los 10 restantes, pero ¿acaso la Fiscalía -con las debilidades que estamos viendo- puede garantizar que su tesis y pruebas serán irrefutables en segunda instancia? (Correo Puno Juliaca 29/06/17 Foto: Difusión)

Lo que sabemos de David Mamani

Por: Hugo Supo

Esto es lo que sabemos, hasta ahora, sobre la muerte del exalcalde de Juliaca, David Maximiliano Mamani Paricahua:

1. Falleció el miércoles 8 de marzo en circunstancias no explicadas. La versión del INPE es un suicido, pero la necropsia e indicios hallados hacen difícil imaginar un final así, pareciera más bien un asesinato.

2. La necropsia de Ley determinó que el finado tenía 23 cortes en el cuerpo, principalmente en los brazos y cuello.

3. El Ministerio Público puso a buen recaudo ocho manuscritos que Mamani habría dejado antes de supuestamente matarse. Esas cartas contienen mensajes para su familia, ciudadanos y seguidores. No se ha informado sobre las pruebas grafotécnicas. y se habla de una novena carta.

4. El exalcalde se encontraba encerrado en condición preventiva desde febrero de 2016, antes de eso ya tenía orden de captura por estar implicado en las irregulares compras de videocámaras de vigilancia para el municipio de San Román.

5. El extraño fallecimiento se registró a días de empezar el juicio oral por este caso. Ya muerto Mamani, se archivó su acusación, pero se continuó con las audiencias, ahí mismo dictó orden de captura para media docena de implicados. La cosa no parará.

6. Los familiares, entre ellos su exesposa e hijos, debían de presentarse a una audiencia de prisión preventiva en la que el Ministerio Público los acusa de lavado de activos, presuntamente por haber recibido bienes de dudosa procedencia. Esa audiencia debió ser el 8 de marzo, pero la muerte provocó suspensión.

7. La misma audiencia se desarrolló la tarde y noche del 21 de marzo, pero la juez Penélope Najar desestimó los argumentos de la Fiscalía y no aceptó la prisión para los deudos de Mamani. 

8. La Fiscalía pidió una semana para aclarar el fallecimiento del “Profe”, a su vez, eso ayudaría a tener claro el asunto de la familia, pero ha pasado más tiempo y nada.

Bien dicen que justicia que tarda no es justicia. (Correo Puno Juliaca 23/03/17 Foto: Difusión)

Expliquen esta muerte

Por: Hugo Supo

Hace menos de un año, el entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán Zevallos, arribó hasta el centro poblado de Alto Puno para inaugurar lo que, a su decir, era el penal “más moderno del país, superando a los demás establecimientos penitenciarios en términos de infraestructura, tecnología y seguridad”.

Pues bien, dicho establecimiento es el lujoso escenario de una controversial muerte política, la del exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Maximiliano Mamani Paricahua.

Para nosotros es prematuro afirmar un homicidio o suicidio, aunque la versión del INPE dice que Mamani se quitó la vida (al parecer cortándose la yugular con un cúter que habría obtenido por sus trabajos artesanales dentro del penal) hay motivos para dudar.

Sobre los hechos y motivaciones del fatal desenlace hay mucho pan que rebanar, es labor del Ministerio Público aclarar estas dudas ante la opinión pública.

Lo que sí llama la atención es cómo y en qué circunstancias ha podido ocurrir semejante muerte en el establecimiento penitenciario “más moderno del país”. El mutis inicial (y luego la respuesta tardía) por el que ha optado el INPE no ayuda, en absoluto, a esclarecer el tema.

El Estado ha invertido 57 millones 693,023.84 soles para remodelar la cárcel de Yanamayo y, se supone, hacerla un ejemplo de rehabilitación en el país. ¿Saben qué? Han fracasado.

Han fracasado porque no han sabido proteger la vida de David Mamani Paricahua, personaje importante, no solo por cuestiones de humanidad, sino para dar respuestas a lo ocurrido en el gobierno de la provincia de San Román durante la última década.

Allí se ha denunciado una grave red de corrupción que no podría quedar impune en caso de corroborarse su existencia, riesgo que ahora parecer ser posible en perjuicio del pueblo juliaqueño y en beneficio de algunos pocos.

No requerimos mecidas señores del INPE. Necesitamos saber los detalles de una muerte clave para entender lo que ha pasado y pasa en Juliaca. (Correo Puno Juliaca 09/03/17 Foto: Captura Correo)

Estado de emergencia II

Por: Hugo Supo

En una entrega anterior y en el marco del Estado de Emergencia decretado para a provincia de San Román (Juliaca) habíamos sugerido que los responsables de las instituciones encargadas del sistema de seguridad ciudadana y justicia publiciten sus planes, diagnósticos, tareas pendientes, deficiencias, etcétera, para que la ciudadanía esté enterada del cumplimiento de cada una de las responsabilidades.

Ello porque entendemos que el orden y seguridad no solo es tarea de la policía, serenazgo o fiscales, sino de un conglomerado de instituciones que deben ser convocadas obligatoriamente por las autoridades civiles que elegimos cada cuatro años en la región y municipios.

Pero a la hora de pedir cuentas, todas las autoridades han optado por patear la pelota a cancha ajena para evadir culpas.

En este mismo diario hemos buscado la participación de los jefes de instituciones como la Región PolicialPuno y el Ministerio Público; en ambos casos abundan las excusas y se apela a la corresponsabilidad.

Que faltan patrulleros, policías, tecnología, apoyo multisectorial, capacitación, entre otros detalles impedirían la buena marcha policial. En la Fiscalía, por su parte, la presidenta de Junta de Fiscales, Judith Contreras, repite el estribillo de falta de personal, presupuesto, tecnología y demás puntos.

Recién, a propósito del Estado de Emergencia en la provincia de San Román, a las autoridades se les ha ocurrido concurrir a asambleas para discutir sobre la creciente inseguridad.

Aunque tampoco debemos tener esperanzas en los acuerdos y anuncios que provoquen dichas citas, ya que los delincuentes no han dejado de actuar en todo este tiempo y, por el contrario, han dado mensajes de burla a la Ley.

No vemos aquí las autocríticas de los sectores, si hay mucha excusas y promesa, algo que podría ser contraproducente en una situación difícil de sobrellevar, desencadenando anarquía. (Correo Puno Juliaca 08/12/16 Foto: Difusión)