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jueves, diciembre 08, 2016

Estado de emergencia II

Por: Hugo Supo

En una entrega anterior y en el marco del Estado de Emergencia decretado para a provincia de San Román (Juliaca) habíamos sugerido que los responsables de las instituciones encargadas del sistema de seguridad ciudadana y justicia publiciten sus planes, diagnósticos, tareas pendientes, deficiencias, etcétera, para que la ciudadanía esté enterada del cumplimiento de cada una de las responsabilidades.
Ello porque entendemos que el orden y seguridad no solo es tarea de la policía, serenazgo o fiscales, sino de un conglomerado de instituciones que deben ser convocadas obligatoriamente por las autoridades civiles que elegimos cada cuatro años en la región y municipios.
Pero a la hora de pedir cuentas, todas las autoridades han optado por patear la pelota a cancha ajena para evadir culpas.
En este mismo diario hemos buscado la participación de los jefes de instituciones como la Región PolicialPuno y el Ministerio Público; en ambos casos abundan las excusas y se apela a la corresponsabilidad.
Que faltan patrulleros, policías, tecnología, apoyo multisectorial, capacitación, entre otros detalles impedirían la buena marcha policial. En la Fiscalía, por su parte, la presidenta de Junta de Fiscales, Judith Contreras, repite el estribillo de falta de personal, presupuesto, tecnología y demás puntos.
Recién, a propósito del Estado de Emergencia en la provincia de San Román, a las autoridades se les ha ocurrido concurrir a asambleas para discutir sobre la creciente inseguridad.
Aunque tampoco debemos tener esperanzas en los acuerdos y anuncios que provoquen dichas citas, ya que los delincuentes no han dejado de actuar en todo este tiempo y, por el contrario, han dado mensajes de burla a la Ley.
No vemos aquí las autocríticas de los sectores, si hay mucha excusas y promesa, algo que podría ser contraproducente en una situación difícil de sobrellevar, desencadenando anarquía. (Correo Puno Juliaca 08/12/16 Foto: Difusión)


jueves, septiembre 08, 2016

Aimarazo sin legalismos

Por: Hugo Supo

Transcurridos cinco años de los sucesos del denominado Aimarazo, finalmente en días venideros -afirman los abogados que siguen el caso- empezará el juicio oral contra 18 dirigentes que comandaron las protestas antimineras del año 2011 en el sur del Altiplano.
El más mediático de los personajes es en este grupo, qué duda cabe, el excandidato regional Walter Aduviri Calisaya, por aquel entonces, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur.
El destino de Aduviri en este juicio es importante por sus intenciones de postular a la gobernación puneña en 2018; en caso de ser condenado antes de los comicios, su carrera política se vería seriamente dañada, con implicancias de incertidumbre para la población sureña, considerando que -por ahora- el collavino es el caudillo natural con amplias posibilidades de llegar al poder, aunque sin reemplazante a la vista.
Es por tanto -para él y sus seguidores- vital salir librados del proceso. He allí la razón por la que la defensa de los aimaras ha recurrido a toda clase de legalismos para desconocer los hechos ocurridos el 26 de mayo de 2011, día funesto en el que la protesta dio paso a la delincuencia.
Argumentan que no hay prueba concreta que implique a los imputados en los saqueos registrados en locales gubernamentales y estatales de la Ciudad Lacustre, cosa bastante creíble tomando en cuenta la incapacidad, muchas veces demostrada, por el Ministerio Público.
Pero una cosa son los legalismos y otra la realidad grabada en la memoria de quienes hemos vivido en carne propia dicho conflicto.
Más allá de lo que los jueces decidan, hay verdades ineludibles que la historia no puede dejar escapar para evitar impunidad.
Es verdadero que la huelga aduvirista otorgó condiciones para el vandalismo esa tarde (26 de mayo). Y es verdadero que ni la Policía Nacional del Perú ni el Ejército Peruano -cuyo jefe se dedicaba a bañarse de popularidad mirando su futuro político- se preocuparon por cuidar el orden público por lo que deberían de ser investigados con la misma rigurosidad que los dirigentes. ¿O no? (Correo Puno Juliaca 08/09/16 Foto: Difusión)